Política

Ex magistrados al banquillo por delitos de la dictadura

Arrancó en Mendoza un megajuicio contra más de 200 personas. Están acusados cuatro ex magistrados federales, ex militares y policías.

Martes 18 de Febrero de 2014

Comenzaron a ser juzgadas ayer en Mendoza por violaciones a los derechos humanos durante la pasada dictadura más de 200 personas, entre ellas ex magistrados federales, ex militares, policías y agentes penitenciarios.

Entre los acusados de la megacausa se encuentran cuatro ex jueces en funciones durante la dictadura Rolando Carrizo, Guillermo Petra y Luis Miret, y el entonces fiscal Otilio Romano, por facilitar como partícipes civiles el plan de exterminio ejecutado por las Fuerzas Armadas al no investigar las cientos de denuncias de detenciones y desapariciones presentadas ante los magistrados.

Por razones de salud se lo excusó de participar del debate al también ex juez Gabriel Guzzo.

Romano fue quien estuvo dos años prófugo en Chile y extraditado en septiembre de 2013.

En 2011, luego de que Justicia lo citara a declarar por su presunta participación en más de un centenar de delitos durante la última dictadura, Romano viajó a Chile y obtuvo ocho meses de visa temporaria, tras haber solicitado asilo político. A fines de aquel año, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación decidió por unanimidad la remoción de Romano por mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos, para luego ser detenido por Interpol en 2012 y extraditado por Chile en 2013.

Identificaciones. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de Mendoza, integrado por Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Fourcade (juez de San Luis convocado para este debate), se dedicó en la audiencia de ayer a identificar a los imputados, algunos presentes en la sala y otros a través de seis diferentes videoconferencias realizadas en distintos puntos del país, ya que varios imputados se encuentran purgando otros delitos.

Solo 30 de los 41 acusados se identificaron debido a problemas en la conexión de las videoconferencias, ya que algunos de los imputados se habían presentado en la Cámaras Federales de Rosario, Mendoza, Casación Penal y las unidades penales de Marcos Paz y Ezeiza.

El tribunal resolvió entrar en receso una semana para continuar el próximo lunes 24 de febrero, cuando se presentará al resto de los acusados, se comenzarán a leer las imputaciones en su contra y, como suele suceder en este tipo de juicios, la querella y la fiscalía pedirán la ampliación de las acusaciones y que los imputados no estén libres.

De acuerdo al Centro de Información Judicial (CIJ), está previsto que 660 testigos presenten su testimonio ante los magistrados, en un proceso que se va a extender por lo menos 18 meses.

En las afueras de los Tribunales de Mendoza se congregaron ayer referentes de los derechos humanos, ex detenidos-desaparecidos, organizaciones políticas y funcionarios del gobierno local.

No a las fotos. A pesar de que esta primera audiencia era a simple título de la identificación de los acusados, la Fiscalía advirtió que uno de los imputados le tomó una foto a uno de los funcionarios sentado en el lugar de la parte acusadora.

En ese sentido, el fiscal general Jorge Auat, funcionario de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad de la Procuración General de la Nación, le advirtió al tribunal: "Uno de los imputados con su máquina de fotos me tomó una foto. En rigor de verdad no me gusta hacer alarde de bravuconadas, el hecho concreto de tomar una foto tiene que ser observado por el tribunal, como objetivo intimidatorio".

Cuando el presidente del cuerpo le pidió si podía identificar a quien lo había realizado, acusó a Miret, tras lo cual el juez le preguntó al acusado si efectivamente tenía una cámara, este explicó que la tenía en su teléfono, y entonces el tribunal se expidió: "Vamos a pedir a los acusados que se abstengan de ese tipo de actitudes y por cuestiones de seguridad que no vengan con cámaras de fotos a las audiencias".

El fiscal Dante Vega exigió continuidad en el debate, y remarcó que "no vemos obstáculo para avanzar en la lectura de las acusaciones, y en caso de que se decida pasar el cuarto intermedio, que sea para mañana y no para el lunes", petición a la que adhirió la querella en consonancia con el pedido del Ministerio Público.

Sin embargo, el tribunal mantuvo la decisión inicial de pasar a un cuarto intermedio y de continuar el debate el lunes 24 de febrero.

Bisagra a la impunidad

“Le pusimos una bisagra a la impunidad en Mendoza”, dijo el fiscal general Jorge Auat, y recordó que cinco años atrás, al llegar a la provincia, “no había juicios” a pesar de que hacía seis años que se habían anulado las leyes de impunidad. El abogado querellante Pablo Salinas destacó el hecho de que todos los acusados estén juntos: ex jueces, militares, represores, policías..., juntos porque el terrorismo de Estado actuaba en todas las instituciones del Estado”.

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