El decreto de necesidad y urgencia (DNU) de desregulación económica, dictado por el gobierno de Javier Milei, entrará en vigencia este viernes sin que la Justicia haya dado curso todavía de manera favorable a reclamos de medidas cautelares que lo suspendan, en el marco de una treintena de amparos presentados por organizaciones sociales y sindicales, abogados constitucionalistas y ciudadanos particulares.

En el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal de la ciudad de Buenos Aires había al menos 25 amparos y otros dos de la CGT y la CTA ante la Justicia del Trabajo.

El DNU fue firmado por Milei e integrantes del gabinete nacional y publicado en el Boletín Oficial el 21 de diciembre pasado y por ley entrará en vigencia ocho días más tarde. Es decir, desde este viernes, salvo medida cautelar judicial que lo suspenda.

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari rechazó este jueves disponer una precautelar de suspensión de los efectos del DNU en el proceso colectivo iniciado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad porque, “al día de la fecha, las disposiciones no han entrado en vigencia".

Por su parte, la CGT apeló la decisión del juez nacional del Trabajo Ignacio Ramonet, quien desestimó el dictado de una medida cautelar “interina” que suspenda el capítulo IV del decreto vinculado a la reforma laboral porque aún no entró en vigencia.

En el escrito de apelación, firmado por Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña como secretarios generales de la CGT. se advirtió que “se trata de conjurar un acto de autoridad que impone una reforma laboral peyorativa sin recurrir al Congreso y que los afecta en los aspectos individuales y colectivos“.

Con esa presentación intervendrá por primera vez un Tribunal de Apelaciones en relación al DNU, aunque sólo en lo referido a las normas de índole laboral.

Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad y un pedido de medida cautelar ante el fuero Contencioso Administrativo Federal contra el decreto de necesidad y urgencia por “alterar reglas constitucionales, violar división de poderes y suprimir derechos”.

Rechazo de la UNR

En tanto, el consejo superior de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) repudió de manera unánime el DNU del gobierno y el proyecto de ley ómnibus, al que consideró “entreguista y antipopular”.

El consejero superior de la UNR y miembro de la secretaría general de la Federación Universitaria de Rosario (FUR), Enzo Balbuena, dijo que el organismo recalcó en una declaración “lo peligroso que es avasallar las funciones del Congreso”.