La fiscal federal Ana Russo solicitó un entrecruzamiento de llamadas entre la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y 15 imputados en el marco de la causa en la que se investiga la existencia de una mesa judicial en esa provincia para el armado de causas a gremialistas. Y amplió la acusación sobre el intendente de La Plata, Julio Garro, entre otros.

El pedido se incluyó en un dictamen firmado el lunes pasado en el cual la fiscal amplió la imputación en la causa a todos los que participaron de una reunión realizada en la sede porteña del Banco Provincia (Bapro) el 15 de junio 2017.

La fiscal imputó a otras 14 personas, entre ellas Garro, y aclaró que reclama investigar “también a quien resultare autor/a, coautor/a, cómplice, partícipe y/o instigador de los hechos”.

En un primer requerimiento, se había imputado al ex ministro de Trabajo de la gestión de Vidal, Marcelo Villegas.

Bajo la lupa

Entre las medidas de prueba solicitadas al juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, se encuentra un “exhaustivo informe de las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos de los ex funcionarios presentes en la reunión del 15 de junio de 2017 y el o los abonados asignados a Vidal, durante el período comprendido por el 1 de mayo y diciembre del mismo año”.

“Esta representación del Ministerio Público Fiscal ha impulsado la acción penal, no sólo contra los presentes en la reunión del 15 de junio de 2017 sino contra toda otra persona que resultare” involucrada en los hechos denunciados por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, a determinarse en el curso de la investigación.

La semana pasada, la querella del sindicalista de la seccional platense de la Uocra, Juan Pablo Pata Medina, había reclamado al juez imputar también a Vidal.

Paralelamente, la Cámara de Senadores bonaerense aprobó por unanimidad la autorización para que la Justicia federal de La Plata allane el despacho del legislador de Juntos por el Cambio (JxC) Juan Pablo Allan, en el marco de la investigación del funcionamiento de una mesa judicial para perjudicar a dirigentes sindicales.