Espionaje ilegal: los fiscales levantaron el secreto en torno a las pruebas

Los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández levantaron la reserva de las pruebas incluidas en la causa por presunto espionaje ilegal en el Ministerio de Seguridad provincial, durante la gestión de Marcelo Sain.

Los integrantes del Ministerio Público de la Acusación pretendían mantener en reserva las pruebas acumuladas en el expediente hasta la realización de la audiencia imputativa, que todavía no tiene fecha.

"Atento a la sensibilidad de la información recabada, tendiendo a preservar otras investigaciones penales y procurando evitar cualquier posible afectación a la protección de datos de miles de personas, las partes podrán acceder a las constancias en la sede del MPA ubicada en General López 3302 (capital provincial), de lunes a viernes, de 7.30 a 12.30", comunicaron los fiscales a las partes.

La semana pasada, el juez Penal santafesino Pablo Busaniche había rechazado un nuevo planteo de los fiscal para poder mantener en secreto las pruebas acumuladas en la causa.

Busaniche consideró que los fiscales no comunicaron ningún motivo excepcional novedoso que sustente la necesidad de mantener en reserva el expediente que tiene a diez personas identificadas y sospechadas de integrar una asociación ilícita que realizó tareas de espionaje ilegal sin orden judicial previa.

Apenas destituido por la Legislatura santafesina como director del Organismo de Investigaciones (OI) del Ministerio Público de la Acusación (MPA), acusado de actividad proselitista incompatible con el cargo que ostentaba, Sain asumió a fines de noviembre pasado como asesor en criminalidad compleja en la cartera de Seguridad de la Nación, que conduce Aníbal Fernández.

Poco después, los allanamientos a las oficinas del Ministerio de Seguridad de Santa Fe ubicadas en Rosario y la capital provincial en busca de evidencia sobre espionaje ilegal provocaron un tembladeral político que fue acompañado por las renuncias de los funcionarios que respondían a Sain y seguían trabajando en la cartera al mando, desde marzo de 2021, de Jorge Lagna.

El 1° de febrero, Jiménez y Hernández habían realizado el mismo pedido a la jueza Rosana Carrara, quien resolvió a favor de los fiscales. Pero la decisión fue apelada por abogados defensores del caso y espera una definición a manos del camarista Sebastián Creus, quien también unificó otros dos planteos que apuntan al acceso al expediente.