El gobierno español aceptó ayer oficialmente que el represor Ricardo Miguel Cavallo, detenido desde hace casi ocho años, sea extraditado a la Argentina por las causas reabiertas aquí por su participación en los crímenes de lesa humanidad cometidos por los grupos de tareas de la última dictadura, pero los querellantes españoles buscan que antes el ex marino sea condenado también por la Justicia ibérica.

Así lo plantearon las acusaciones populares y particulares a los tribunales españoles luego de que el gobierno de México, el lugar en donde detuvieron a Sérpico Cavallo y que envió al arrestado a Madrid, aceptara hace una semana la remisión a la Argentina para que dé cuenta de sus crímenes ante la Justicia local.

El abogado Carlos Slepoy, representante de los familiares de españoles desaparecidos en la Argentina, recordó que hubo una resolución del Tribunal Supremo de Madrid en donde los magistrados se oponían a esa extradición por considerarla una “aberración jurídica” (ver aparte) y resaltó que de remitirlo a Buenos Aires se cumpliría con el “deseo” del represor.

Pedido desesperado. Slepoy resaltó que Cavallo había pedido “desesperadamente que lo entreguen a la Argentina” y planteó que con ello busca “estar en una cárcel de privilegio” similar a la que gozaba el prefecto Héctor Febres hasta que apareció envenenado el 10 de diciembre último, cuando esperaba su sentencia en el marco de la causa Esma, la misma en la que está imputado Cavallo.

La vicepresidenta primera del Ejecutivo español, María Teresa Fernández de la Vega, oficializó en una conferencia de prensa realizada en Madrid la decisión de extraditar a Cavallo a Argentina, sin dar precisiones sobre cuándo se concretaría.

Nombres de guerra. Cavallo, conocido como Sérpico, Marcelo y Miguel Angel, está acusado de haber actuado en la Esma. Fue compañero de Alfredo Astiz, integró el grupo de tareas 3.3.2 y se le atribuyen las ejecuciones de Mónica Jaúregui y Elba Delia Aldaya.

A esos dos homicidios se le suman 264 desapariciones, 159 secuestros, un delito de falsificación de documentos, robos de automóviles y saqueo de viviendas, de acuerdo a la acusación que pesa en su contra en la megacausa Esma.

Cuando el juez español Baltasar Garzón aceptó investigar los crímenes ocurridos aquí sobre víctimas de origen ibérico, Cavallo fue descubierto por un sobreviviente de la dictadura en México. Allí, Cavallo (que trabajaba para el Registro Nacional de Vehículos) fue arrestado cuando estaba a punto de tomar un avión con destino a Argentina, donde todavía lo protegían las leyes de obediencia debida y punto final.

Tras un proceso de extradición, Cavallo viajó desde México a España el 26 de junio de 2003, donde cumple detención a la espera de ser enjuiciado, pero la derogación de esas leyes de impunidad terminaron de servirle al represor como una carta a favor para que se aceptara su pedido de ser juzgado en Argentina.