Política

"Es un escándalo que el Reino Unido invoque la libre determinación de los malvinenses"

Así lo consideró el especialista en derecho internacional, graduado en la Universidad Nacional de Rosario, Marcelo Kohen quien además aseguró que "pretenden ponerse en condición de víctimas e insisten en que un país de 40 millones molesta a 3 mil isleños“.

Martes 21 de Febrero de 2012

Buenos Aires. - El  especialista argentino en derecho internacional Marcelo Kohen consideró que es “un escándalo que el Reino Unido invoque la libre  determinación” de los isleños, y aseguró que "el objetivo es  ocultar que quien dispone de la fuerza impone una situación  contraria a derecho".
Kohen sostuvo que "por eso pretenden ponerse en condición de  víctimas e insisten en que un país de 40 millones molesta a 3 mil  isleños“, y recordó que el "Reino Unido expulsó a un número similar  de pobladores en Diego García para permitir que Estados Unidos  instale allí una base militar”.

En cuanto a la militarización denunciada por el gobierno  argentino, Kohen ponderó esta actitud y recordó que “las Naciones  Unidas condenan la instalación de bases militares en territorio  colonial”.
También consideró que las maniobras en las que participa el  príncipe William “ponen a la luz que las islas son utilizadas por  la potencia colonial con fines militares que nada tienen que ver  con la actividad normal".
Quien fuera el abogado de Argentina ante la Corte  Internacional de La Haya en el tema de las pasteras -es el único  jurista argentino que litiga ante ese tribunal- sostuvo que la  posición del país “es sólida porque se basa en argumentos  jurídicos. No es una cuestión de mera proximidad geográfica”.

“Las islas eran españolas al momento de la independencia y a raíz de una regla universalmente aceptada como lo es la de la sucesión de Estados, lo que era territorio español dependiente de  Buenos Aires se transformó en territorio argentino”, reseñó desde Ginebra, Suiza.
Kohen indicó que “el gobierno argentino tomó posesión de las  islas en 1820 y el Reino Unido de Gran Bretaña no protestó, aunque  tuvo conocimiento directo del hecho, reconoció a la Argentina y  celebró un tratado de amistad con el país en 1825 y tampoco  protestó, a pesar de que ya había actos posesorios argentinos".

“Durante 50 años los británicos se olvidaron totalmente de  Malvinas. Fue en el momento en que el establecimiento argentino en  las islas se consolidó en 1829 y que se crea la comandancia  argentina”, afirmó este profesor de Derecho internacional del  Instituto de Altos Estudios internacionales y del Desarrollo de  Ginebra, “en que algunos círculos en Londres señalaron la  importancia estratégica de contar con una presencia en esta parte  del mundo".

“El hecho de fuerza fue ilícito en 1833 y lo es hoy. Hay  gente que cree que como en ese momento la fuerza estaba permitida,  la usurpación está validada”, afirmó Kohen, quien recuerda que  incluso para ocupar un territorio por la fuerza, “la conquista  requería de ciertas condiciones, y en ese momento no solo no había  guerra entre las dos naciones, sino un Tratado de Amistad”.

Este abogado, graduado en la Universidad Nacional de Rosario,  rememora que “nunca hubo un tratado o un acto unilateral que  reconociera una transferencia de soberanía de la Argentina al Reino  Unido. Siempre Argentina protestó y no consintió el despojo; muchas  veces se cree que estamos reivindicando algo que `a lo mejor´ fue  nuestro y hoy ya no lo es, pero los argumentos son sólidos y la  prueba de eso es que desde un inicio el Gobierno británico se negó  a entrar en discusiones frente a las protestas argentinas, una  típica posición de fuerza británica”.

Kohen diferenció de este modo -durante una entrevista  telefónica en la que respondió a Télam desde su oficina- el caso  Malvinas de otros, como por ejemplo el de California: "México  transfirió esos territorios mediante tratado".
Luego el jurista se refirió a la apelación británica al  principio de la libre determinación de los pueblos: "hasta 1965, en  que se produjo la primera resolución de la Asamblea General de  Naciones Unidas por Malvinas, la posición británica siempre había  sido que el principio no tenía carácter jurídico. Se `acordaron´  del principio cuando tenían que justificar su posición en Gibraltar  o en Malvinas".

Kohen consideró que "un elemento fundamental por el cual la  libre determinación no es aplicable es no sólo que los británicos  desalojaron a las autoridades argentinas en 1833 e impidieron el  regreso de los argentinos que tenían intereses en las islas y  estaban en Buenos Aires en el momento del despojo, sino que desde  entonces controlan la política migratoria, y modelan el cuerpo  electoral de las islas a su antojo“.

Por esto consideró que es "un escándalo que el Reino Unido  invoque la libre determinación" y peor aún que lo utilice como  excusa para no buscar una solución pacífica a la disputa de  soberanía. Recordó que en una situación similar "negoció con China  por Hong Kong y no se le preguntó nada a la población de Hong Kong".
“La excusa de la libre determinación no se justifica en  absoluto, primero porque la ONU nunca reconoció que fuera aplicable  a Malvinas, y segundo porque el Reino Unido tiene derecho a pensar  que es aplicable, pero la Argentina tiene todo el derecho de no  pensar igual”, afirmó.

El jurista afirmó que “el Reino Unido se arroga la capacidad  de decidir en una controversia internacional qué es válido para las  dos partes. Es una posición típica de fuerza, ante la otra parte  que tiene el derecho pero no los medios para modificar la  situación, que es el gran problema del derecho internacional y las  relaciones internacionales”.

Otro elemento citado por Kohen del discurso británico "es  decir `no negociaremos hasta tanto los isleños nos pidan que  negociemos´. Hay una violación flagrante del Reino Unido de la  obligación de resolver las disputas internacionales mediante la  utilización de los medios pacíficos existentes, el primero de ellos  la negociación. Es evidente que la obligación de resolver una  controversia internacional entre dos países no puede subordinarse a  la voluntad de un grupo de ciudadanos de uno de ellos". (Télam-por Aldo Marinozzi)

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