El ministro de Justicia de la provincia, Juan Lewis, entregó al titular de la Unidad fiscal especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, Pablo Parenti, una copia digitalizada de las partidas de nacimiento labradas entre 1975 y 1983. Los documentos habían sido solicitados por la Justicia para profundizar las pesquisas por el robo de bebés a detenidos-desaparecidos durante la última dictadura.
"Esto es muy importante porque para la búsqueda sistemática hace falta la articulación de todas las instancias del Estado, incluyendo las provincias, porque gran parte de los archivos son provinciales", dijo Parenti tras la reunión con el ministro.
En el acto también estuvieron la directora provincial de Investigación y Reconstrucción de la Memoria Histórica, Nadia Schujman, representantes locales de Abuelas de Plaza de Mayo, funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos y los fiscales federales Federico Reynares Solari y Mario Gambacorta.
La entrega se concretó mediante un disco externo que contiene en formato digital las partidas de nacimiento labradas durante el terrorismo de Estado en las nueve circunscripciones de la provincia.
La recopilación de esos documentos públicos forma parte de una política de trabajo de la unidad a cargo de Parenti con el objetivo de invertir la lógica de investigar casos particulares iniciados frente a denuncias puntuales y analizar la complejidad del fenómeno desde lo general.
En ese sentido, Parenti explicó que esos documentos son analizados por un equipo interdisciplinario que trabaja en la búsqueda de patrones como la localización de partos domiciliarios, de médicos firmantes, y de fechas y lugares de nacimiento, entre otros aspectos.
"Esta trama delictual y burocrática atomizada a lo largo de todo el territorio nacional, posibilitó a la fecha que sólo la quinta parte del fenómeno criminal haya sido resuelta, principalmente gracias a la acción de las mismas víctimas involucradas", agregó Parenti en el pedido de documentación al gobierno santafesino.
En ese sentido, explicó que la Procuración General de la Nación visualizó "la necesidad imperiosa de implementar medidas proactivas orientadas en hacer cesar estos crímenes", con el objeto de "detectar patrones de conducta que excedan los casos ya resueltos".