Miércoles 09 de Junio de 2010
Ambientalistas de Gualeguaychú aguardaban esta mañana en el corte de Arroyo Verde la llegada de Gendarmería para instarlos a abandonar la ruta, cortada desde hace más de tres años en rechazo de la pastera UPM (ex Botnia), a la vez que pidieron una audiencia al juez Gustavo Pimentel, para explicarle sus razones para mantener el bloqueo.
En la Residencia de Olivos, en tanto, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner mantenía un encuentro con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad y Justicia, Julio Alak, y el titular de Gendarmería, Héctor Schenone, para delinear la estrategia oficial frente a la orden judicial de desalojo.
En una carta pública dirigida a Pimentel y la fiscal Milagros Squivo, la Asamblea les advirtió que ambos han sido “colocados en una situación difícil” porque “quienes tienen en sus manos la responsabilidad de aportar soluciones miran para otro lado”, en referencia clara al gobierno nacional.
Asimismo, advirtieron que su lucha “no va a menguar” y pidieron a Pimentel y Squivo “preservar la paz social”.
A través del ministro de Justicia Julio Alak, el gobierno aseguró esta mañana que “hoy” debe ser desalojado el acceso al puente General San Martín y destacó que “hay una orden judicial expresa, clara y contundente” que tiene que ser acatada por los asambleístas.
“El gobierno la va a hacer cumplir, a través de las fuerzas de seguridad federales, en este caso de la Gendarmería, en el marco del estado de derecho”, sostuvo el funcionario, aunque insistió que “no vamos a cometer ninguna acción que ponga en riesgo la vida de los manifestantes”.
La Asamblea, en la carta, también criticó a los ciudadanos de Gualeguaychú que reclamaron el levantamiento del corte ante la Justicia, a quienes calificó de “mezquinos que, impulsados por el lucro y la ambición, no dudan en denunciar, resultando funcionales a quienes pretenden debilitarnos y fragmentarnos”.
Si bien ayer Pimentel dispuso acatar una resolución de 2006 según la cual Gendarmería debe mantener liberada la ruta, la Asamblea pidió al juez y a la fiscal que “bajo una serena reflexión se abran a un encuentro fraternal” con los ambientalistas “antes de tomar una decisión, antes de que sea tarde”.
“Recíbannos, escúchennos, dense la oportunidad de entendernos”, reclamaron, porque “en sus manos está preservar la paz social”.
En tanto, tras la decisión del juez, desde ayer el corte de Arroyo Verde, habitualmente mantenido por un puñado de personas, era escenario de una concentración mayor de personas, a la espera de que personal de Gendarmería llegue al lugar a comunicarles la decisión judicial.
Si bien ayer adelantaron que “resistirán” un desalojo, los manifestantes confiaban hoy en que, tal como insistió el gobierno, no serán sacados por la fuerza del lugar.
Al mismo tiempo que se conoció la carta, el abogado de la Asamblea Osvaldo Fernández informó que se pidió ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, una audiencia con Pimentel y Squivo para exponer las “razones de la lucha y del corte”.
“Por estas horas llevan ustedes sobre sus hombros una carga impuesta por circunstancias a las que son ajenos”, admitieron en el mensaje los ambientalistas, en referencia a los reclamos del gobierno para que la Justicia disponga la liberación de la ruta.
Según los asambleístas “se está pretendiendo utilizar el Código Penal como
herramienta para enfrentar uno de los más intensos conflictos sociales que sacude a la
República”.
Asimismo, admitieron que, si bien se trata de un conflicto entre dos pueblos
“inimaginable en el pasado”, actualmente “se ciernen oscuros intereses
sobre nuestra naturaleza que ponen en riesgo la vida y la salud del ecosistema y de las
personas”.
Advirtieron también que la Asamblea “levanta una causa que no va a menguar por la aplicación de las estrechas posibilidades que otorga el procedimiento penal. Algo está pasando en la Argentina dada la conflictividad social existente”, señalaron.
“No es el derecho penal el camino para afrontar las luchas sociales”, remarcaron, a la vez que les señalaron que “tienen una oportunidad de demostrar que se puede pasar por encima de las acechanzas y la oscuridad”. El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak, aseguró esta mañana que “hoy” debe ser desalojado el acceso al puente General San Martín, que une Gualeguaychú con la localidad uruguaya de Fray Bentos, y destacó que “hay una orden judicial expresa, clara y contundente” que tiene que ser acatada por los asambleístas.
“El Gobierno la va a hacer cumplir, a través de las fuerzas de seguridad federales, en este caso de la Gendarmería, en el marco del estado de derecho”, sostuvo el funcionario, quien dijo confiar en que “gran parte” de los integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú “van a acatar” la disposición de la Justicia.
En declaraciones a Radio 10, Alak dijo que esta mañana definirá con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el comandante general de la Gendarmería nacional, Héctor Schenone, “la implementación” de la medida, y añadió: “Consideramos que debe darse hoy” el desalojo. (DyN)
