Política

El vicepresidente Amado Boudou quedó más cerca del juicio oral y público

Los magistrados de la Sala I ordenaron, además, investigar el rol de la Afip en el levantamiento de la quiebra de la mítica imprenta. La Cámara confirmó el procesamiento de Amado Boudou.

Viernes 20 de Febrero de 2015

La situación judicial del vicepresidente Amado Boudou empeoró ayer luego de que la Cámara Federal porteña confirmara su procesamiento en la causa Ciccone, en la que se investigan un supuesto cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública en el salvataje de la principal imprenta de billetes del país. El tribunal de alzada considera que está demostrada "claramente" la relación de amistad entre el titular del Senado y José María Núñez Carmona, y "de allí a (Alejandro) Vandenbroele", titular de The Old Fund, la empresa que se quedó con Ciccone.

La Sala I de la Cámara ratificó el fallo del magistrado Ariel Lijo que procesó a Boudou por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho pasivo. Es decir: recibir como coima un porcentaje de la empresa. Paralelamente, el vicepresidente no se presentó ayer "por problemas de agenda" a una audiencia preliminar ante el Tribunal Oral Criminal Federal 1 (TOF1), que lo va a juzgar por la transferencia de un auto Honda con documentación adulterada.

También fueron confirmados los procesamientos de Núñez Carmona, de Vandenbroele, de los ex funcionarios Guido Forcieri (Ministerio de Economía y Rafael Resnick Brenner (Administración Federal de Ingresos Públicos, Afip) y del empresario Nicolás Ciccone, cofundador de la mítica imprenta.

En tanto, el tribunal revocó el procesamiento de Guillermo Reinwick, yerno de Ciccone, y dispuso su falta de mérito, por lo cual podría seguir siendo investigado si aparecen nuevas pruebas que lo involucren.

La Cámara ordenó, además, que se investigue el rol de la Afip en el levantamiento de la quiebra de la empresa y al banco Macro por los presuntos vínculos financieros con la compañía.

En un voto en minoría, el juez Eduardo Farah entendió que el titular de la Afip, Ricardo Echegaray, debe ser citado a indagatoria y que Boudou y el resto de los procesados tienen que ser enviados a juicio oral y público, a pesar de que la Cámara ordenó medidas de prueba porque "su situación procesal se encuentra ya resuelta en ambas instancias".

En su resolución, la Cámara ratificó la investigación de Lijo, quien sostuvo que Boudou, mediante Núñez Carmona, negoció con la familia Ciccone el levantamiento de la quiebra de la empresa para luego garantizarle negocios desde el Estado, que se concretaron, entre ellos la contratación con la Casa de Moneda.

Ciccone le cedió 70 por ciento de las acciones a The Old Fund y luego la Afip le acordó un plan de facilidades de pago que, hasta ese momento, le negaba a Ciccone.

"Las probanzas colectadas, y que no fueron motivo de ataque, demuestran claramente la relación de amistad entre Boudou y Núñez Carmona, y de allí a Vandenbroele. En ese punto, coincidimos también con el juez en que la ausencia de un conocimiento directo entre el primero y el último resulta fútil cuando los vínculos han sido construidos de manera encadenada y no de un modo estrechamente asociativo", sostuvieron los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah.

Boudou, Núñez Carmona, Vandenbroele y familiares del vicepresidente están siendo investigados en otra causa que lleva Lijo por presunto enriquecimiento ilícito.

El tribunal entendió que el juez debe hacer lugar al pedido del fiscal Jorge Di Lello de citar a indagatoria a Pablo Amato y Jorge Capirone (ex directivos de Ciccone), a Máximo Lanusse (vicepresidente de la nueva Ciccone y ex directivo de la entidad financiera) y a Sergio Gustavo Martínez, quien compró acciones de The Old Fund.

Reacciones. Por su parte, el presidente del bloque de diputados nacionales del radicalismo, Mario Negri, advirtió que resulta "insostenible" la permanencia de Boudou en su cargo, por lo que le pidió "dar un paso al costado".

Su par Patricia Bullrich (Unión PRO) exigió al kirchnerismo que "en forma urgente" convoque a la comisión de Juicio Político para tratar el pedido de enjuiciamiento de Boudou .

En tanto, Laura Muñoz, ex mujer de Vandenbroele, celebró la decisión de la Cámara respecto de una operatoria que definió como "un negociado entramado por amigotes que querían quedar beneficiados".

Cuarta condena para María Julia Alsogaray

La ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray recibió ayer la cuarta condena en su contra, esta vez a tres años y medio de prisión por irregularidades en la refacción del edificio de la ex Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, en la Capital Federal. La resolución, que incluyó un pedido captura contra ella y los otros dos acusados, no quedará firme porque la defensa planea apelar.

Por lo tanto, también se estima que María Julia no tendrá que ir tras las rejas, como ocurrió con las condenas anteriores, que siguen cuestionadas en tribunales superiores a la espera de ser revisadas.

Se trata del sexto juicio oral en su contra: hubo cuatro condenas (incluida la de ayer) y dos absoluciones (una de ellas por prescripción).

En tanto, para marzo próximo se espera que enfrente un nuevo juicio oral por el delito del cobro de sobresueldos junto a otros ex ministros menemistas, como Domingo Cavallo y Raúl Granillo Ocampo.

Imperturbable, María Julia escuchó el veredicto y eligió el silencio. "Ustedes saben que no hago declaraciones de prensa desde que no estoy en la función publica", dijo a los periodistas al retirarse del recinto.

El Tribunal Oral Federal Nº 6, integrado por José Martínez Sobrino, Julio Panelo y María del Carmen Roqueta, también condenó a tres años y medio al arquitecto Santiago Bignoli.

Y aplicó tres años y tres meses a Enrique Kaplan, ex subsecretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente y ex peluquero de Carlos Menem.

La Oficina Anticorrupción había pedido cuatro años de prisión para Alsogaray y tres años y medio para los otros acusados.

Por su parte, la fiscal Sabrina Namer (ahora designada en la UFI-Amia) había reclamado penas ligeramente más altas: cuatro años y dos meses para la ex funcionaria, tres años y seis meses para Kaplan y tres años y ocho meses para Bignoli.

Tanto a Alsogaray como a los otros dos condenados se les fijó una inhabilitación especial perpetua y multas de 50 mil pesos.

Los tres están acusados de presunta defraudación a la administración pública en unos dos millones de pesos/dólares por las obras realizadas en el edificio que el gobierno de Menem asignó a la secretaría, en el que había funcionado la Junta Nacional de Carnes en la década del 50.

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