La denuncia de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, sobre presuntas maniobras de espionaje ilegal a dirigentes políticos durante el gobierno de Mauricio Macri reactualizó el debate acerca de los sótanos de la política. La directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Paula Litvachky, apuntó al conjunto de la dirigencia y planteó La Capital que "el sistema político argentino tiene que dejar de entender al sistema de inteligencia como una herramienta para hacer política interna y usar fondos negros".
—¿Cuál es su primer análisis de la denuncia que presentó Cristina Caamaño sobre espionaje a dirigentes políticos durante el macrismo?
—No conocemos todavía la denuncia, aunque la estamos siguiendo. Es de ese tipo de causas penales que descorre una cortina para ver algo que más o menos todos sabíamos o veníamos denunciando. Es una muestra de esas prácticas de espionaje político y social que tenían o tiene históricamente la agencia de inteligencia en la Argentina. El sistema político argentino tiene que dejar de entender al sistema de inteligencia como una herramienta para hacer política interna y usar fondos negros y empezar a entenderlo como un instrumento para tener información estratégica o para tomar decisiones de gobierno en pos del interés general.
—¿Esta situación atraviesa a todos los gobiernos desde la restauración de la democracia a esta parte?
—Sí, la experiencia muestra que esto atraviesa a todos los gobiernos, en mayor o menor medida. Nosotros salimos de esa perspectiva y planteamos la necesidad de que haya un debate social y en los medios y entre los actores importantes en el sistema político argentino, no únicamente del Poder Ejecutivo. Esto que se está viendo cristaliza un montón de indicios, pero la discusión es más estructural que la causa. De todos modos, la causa permite dar esta discusión.
—Más allá de la continuidad entre gobiernos, ¿hubo un salto durante el macrismo en la relación promiscua con los servicios de inteligencia respecto de otros gobiernos de la democracia?
—Hubo una profundización de ciertas prácticas: aparecieron las filtraciones de las escuchas y un montón de cosas, como la utilización de las causas judiciales. Es algo que no se veía tanto antes, lo que no significa que no se hiciera. Además, se planteó una contradicción con sus objetivos: Macri llegó al poder con un discurso de transparencia. Con su DNU, Macri fue para atrás con algunos avances que se habían dado en 2014 y 2015. Apareció una idea de restauración del régimen anterior, pero ya era un régimen degradado, desgastado, fragmentado. Se lo vio con más desparpajo y menos sutil.
—En la denuncia aparecen dirigentes del PRO como Emilio Monzó y Nicolás Massot. ¿Es frecuente que se espíe también a los oficialistas?
—Sí, claro, es parte del espionaje político. Se espía a todo aquel sobre el que se quiere tener información. Puede ser por distintas razones: porque querés saber lo que está haciendo, porque querés extorsionarlo o porque querés jugar con esa información. No es raro.
—¿Cómo es la relación entre los servicios de inteligencia y el poder político?
—Creo que no se puede dibujar una relación lineal. Hay una relación de constante transacción, donde hay líneas, que además compiten entre sí. No hay un solo gobierno ni una sola agencia: hay muchos gobiernos y hay muchas líneas dentro de las agencias de inteligencia, con distintas terminales. No hay que despreciar tampoco el rol de ciertos personajes de la Justicia Federal ni del empresariado. Es un entramado que va cambiando a lo largo de los años, según también como se vayan ordenando los intereses en juego, las relaciones de fuerza, las alianzas, y como juegan los servicios de inteligencia del exterior. Durante el stiusismo (por el espía Jaime Stiuso) y durante el macrismo los servicios de inteligencia del exterior tuvieron mucho peso en la definición de ciertas agendas.
—Usted participa del consejo consultivo de la AFI. ¿Tiene un balance de la intervención de la agencia?
—Las decisiones que se vienen tomando desde la intervención, como el transparentar el uso de los fondos reservados, y el intentar cortar los vínculos con el sistema de justicia, sobre todo la federal, son muestras importantes de cómo ir cortando esos cables que unen el sistema político en términos generales con la parte subterránea y básicamente ilegal del funcionamiento del sistema de inteligencia. De todas maneras preferiría no hacer un balance general, porque la idea del consejo era ir hacia la reforma de la ley, y estamos a mitad de camino: la pandemia se metió en la ventana de todas las agendas. Estamos a la expectativa de cómo se va avanzar.
—¿Para qué deberían servir los servicios de inteligencia?
—Tenemos en la cabeza el estereotipo del espía infiltrado y de las agencias de inteligencia que funcionan como una policía más. En realidad, las inteligencias hoy —sobre todo en los países desarrollados— son agencias que producen información estratégica para apuntalar el crecimiento del país y cuidarlo de ciertos riesgos que define el sistema político en un momento dado. Es una idea totalmente diferente a la que se tiene en la Argentina: aquí se piensa la inteligencia como el instrumento secreto que está buscando información para ganarle las peleas a los enemigos. Esta es la idea que hay que desterrar.
—¿Hay experiencias en esta área de otros países que se puedan replicar en la Argentina?
—Hay elementos interesantes en varios países, pero es difícil porque todas las agencias juegan al límite de la legalidad. Lo que más estamos mirando nosotros es cómo generar un buen sistema de controles, que es lo que no existe hoy en la Argentina.