El oficialismo consiguió aprobar hoy en el Senado el proyecto de creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), con la cual el gobierno busca remplazar a la actual Secretaría de Inteligencia tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, en una sesión especial en la que la mayoría de las bancadas opositoras pegaron el faltazo, con la excepción del inter-bloque peronista disidente.
En una sesión de rápido trámite de casi tres horas, el proyecto, cuyo original recibió algunas modificaciones a pedido de legisladores y algunos especialistas que asistieron al tratamiento en comisión, fue aprobado en general y en particular y en una sola votación, por 38 votos afirmativos del oficialismo y aliados contra 7 negativos de los peronistas disidentes que integran el llamado inter-bloque Federal.
A las 14.15, el oficialismo había conseguido 38 senadores para dar inició a la sesión: con 30 de los 32 propios presentes (faltaban la salteña María Cristina Fiore Viñuales y la bonaerense María Laura Leguizamón ), más los tres representantes por Santiago del Estero, cuatro aliados y la sorpresa del fueguino Jorge Garramuño (MPF, del inter-bloque Federal), quien había dicho que no iba a dar quórum.
El debate estuvo atravesado por la muerte del fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, por tratarse del hecho que motivó al Gobierno a enviar al Congreso la reforma de los organismos de inteligencia, a los que tanto el oficialismo como la oposición vinculan con el fallecimiento del funcionario judicial.
El titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Marcelo Fuentes, explicó el interés del gobierno por sancionar la ley al afirmar que “la señora Presidenta, a costa de soportar las campañas que hoy están en curso, dispuso un nuevo ordenamiento” y detalló que el sistema de inteligencia quedará “bajo la cabeza de la AFI”, que involucrará tanto la inteligencia para la defensa como la criminal.
Aclaró que la participación de la AFI en “investigación criminal” será sólo “por decisión exclusiva de la justicia y van a trabajar de manera excepcional” y remarcó “por orden de la presidenta Cristina Fernández los fondos para Inteligencia van a ser públicos y transparentes”, salvo para algunas operaciones precisas de inteligencia.
Los peronistas disidentes fueron los únicos opositores en el recinto y expresaron las críticas al proyecto por considerar que con eso busca “cambiar todo para no cambiar nada”.
El puntano Adolfo Rodríguez Saá comparó la propuesta oficial con “el gatopardismo o lampedusismo: Cambiar todo para que no cambie nada” porque a su entender “mantiene en la ley los mecanismos que han permitido los procedimientos corruptos en todos los tiempos” y lo contextualizó con “la muerte del fiscal Alberto Nisman” dado que entiende que existen “sospechas de que una facción del servicio de inteligencia ha tenido algo que ver”.
“Se piensa que con una ley se va a tapar el magnicidio que hemos sufrido todos los argentinos con la muerte de un fiscal de la Nación”, disparó en la misma línea la adolfista Liliana Negre, quien recordó que el ex ministro Gustavo Beliz había denunciado al comienzo del kirchnerismo que “el señor Stiusso estaba violando la ley de inteligencia interna”.
El salteño Juan Carlos Romero se quejó por la urgencia del gobierno en sancionar la ley y señaló que “once años tardaron en darse cuenta que había que meter mano en ese lugar” y dijo que en la causa AMIA “se dejó sólo al fiscal investigador”, en tanto el sanjuanino Roberto Basualdo (Compromiso Federal) reseñó el reclamo de su inter-bloque: “Cualquier comisión bicameral de control debe ser controlada por la oposición en su mayoría y presidencia” y propuso sumar “a la AGN para hacer un buen control, porque estamos superlimitados para controlar la cuestión financiera de un servicio de inteligencia”.