El Senado convirtió ayer en ley por 42 votos oficialistas contra 21 opositores el proyecto que declara "de utilidad pública y sujetas a expropiación" las empresas Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas y sus compañías dependientes Jet Pack, Optar y Aerohandling.
La oposición no pudo elaborar un dictamen único y presentó dos iniciativas: una de la UCR, la Coalición Cívica y el socialismo, que pidió la creación de una nueva empresa y la expropiación sólo de los activos de la compañía. En tanto, el ex gobernador puntano, el justicialista disidente Adolfo Rodríguez Saá, reclamó la quiebra con continuidad de los servicios.
El titular de la UCR, Gerardo Morales, recordó que "en el sesión que decidimos la estatización" dijo que "dentro de dos meses vamos a discutir la expropiación en las peores condiciones posibles. Y así es ahora: esta es la peor salida por lo cara, porque es la más onerosa para los argentinos, y porque jurídicamente es el peor camino".
Morales advirtió que "ahora Marsans va a hacer juicio en los tribunales del país y no sea cosa que además de pagar 3.500 millones de pesos (por el valor del patrimonio), terminemos abonando 400 millones de dólares" después de años de litigar en la Justicia y opinó que "si (el secretario de Transporte, Ricardo) Jaime es el soporte de la seguridad jurídica del gobierno, estamos en la parrilla".
El socialista Rubén Giustiniani dijo que la historia de Aerolíneas fue "la crónica del saqueo en tres etapas: la primera con Iberia, después con la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), de España, y la tercera con el grupo Marsans, que la compró por un dólar", recordó.
"Este fue un partido de truco entre mafiosos y tramposos", advirtió el legislador santafesino, quien estimó que "con lo que hoy se vote no se cierra el debate sobre el futuro de Aerolíneas".
Memoria. La peronista puntana Liliana Negre pidió decir "basta a nacionalizar las deudas privadas" y recordó que la presidenta Cristina Fernández apoyó en su condiciones de senadora nacional bonaerense "la expropiación de los activos del Hospital Francés" y afirmó que con la aprobación del proyecto oficial "se va a impedir que se investigue los pasivos, a los administradores, a los terceros que ayudaron a la insolvencia y a los que han sido responsables de la decadencia de la empresa".
El oficialista rionegrino Miguel Pichetto pidió una interrupción para sostener que la quiebra, como sostenía Negre, "no es aplicable a una empresa de la magnitud y envergadura de Aerolíneas Argentinas, y ni siquiera a una ferretería, porque nadie le va a comprar pasajes a una compañía quebrada administrada por un juez".
Por su parte, la titular de la bancada de la Coalición Cívica, María Eugenia Estenssoro, afirmó que el "transporte argentino está en un estado de casi colapso", y mencionó cifras de los muertos por accidentes viales y ferroviarios y responsabilizó a Jaime y el ministro de Planificación, Julio De Vido, por "la falta de idoneidad" para resolver los problemas y pidió sus renuncias.
Dijo que el costo de la expropiación, de unos 3.500 millones de pesos, equivale los presupuestos anuales de las provincias de Chubut y de Corrientes, o del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
El argumento fue replicado por el correntino oficialista Fabián Ríos, quien dijo que "el 65 por ciento de la deuda es la que garantiza la continuidad de los servicios de aerolíneas, y sin ellos la compañía no vuela".
Jaime
El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, afirmó ayer que “la normativa prevé intentar llegar a un acuerdo de las partes (por el grupo Marsans y el Estado) sobre el precio, y si no hay acuerdo, se inicia un proceso legal, que esperamos que no se dé”. También descartó que el grupo Marsans retenga parte de las acciones.
La causa judicial se originó en la comuna de Piamonte. Estableció una distancia mínima de mil metros para pulverizar y encomendó fomentar la agroecología
Por Florencia O’Keeffe
Por Juan Iturrez