El Senado convirtió ayer en ley por 42 votos oficialistas contra 21 opositores
el proyecto que declara "de utilidad pública y sujetas a expropiación" las empresas Aerolíneas
Argentinas, Austral Líneas Aéreas y sus compañías dependientes Jet Pack, Optar y Aerohandling.
La oposición no pudo elaborar un dictamen único y presentó dos iniciativas: una
de la UCR, la Coalición Cívica y el socialismo, que pidió la creación de una nueva empresa y la
expropiación sólo de los activos de la compañía. En tanto, el ex gobernador puntano, el
justicialista disidente Adolfo Rodríguez Saá, reclamó la quiebra con continuidad de los
servicios.
El titular de la UCR, Gerardo Morales, recordó que "en el sesión que decidimos
la estatización" dijo que "dentro de dos meses vamos a discutir la expropiación en las peores
condiciones posibles. Y así es ahora: esta es la peor salida por lo cara, porque es la más onerosa
para los argentinos, y porque jurídicamente es el peor camino".
Morales advirtió que "ahora Marsans va a hacer juicio en los tribunales del país
y no sea cosa que además de pagar 3.500 millones de pesos (por el valor del patrimonio), terminemos
abonando 400 millones de dólares" después de años de litigar en la Justicia y opinó que "si (el
secretario de Transporte, Ricardo) Jaime es el soporte de la seguridad jurídica del gobierno,
estamos en la parrilla".
El socialista Rubén Giustiniani dijo que la historia de Aerolíneas fue "la
crónica del saqueo en tres etapas: la primera con Iberia, después con la SEPI (Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales), de España, y la tercera con el grupo Marsans, que la compró por un
dólar", recordó.
"Este fue un partido de truco entre mafiosos y tramposos", advirtió el
legislador santafesino, quien estimó que "con lo que hoy se vote no se cierra el debate sobre el
futuro de Aerolíneas".
Memoria. La peronista puntana Liliana Negre pidió decir "basta a nacionalizar
las deudas privadas" y recordó que la presidenta Cristina Fernández apoyó en su condiciones de
senadora nacional bonaerense "la expropiación de los activos del Hospital Francés" y afirmó que con
la aprobación del proyecto oficial "se va a impedir que se investigue los pasivos, a los
administradores, a los terceros que ayudaron a la insolvencia y a los que han sido responsables de
la decadencia de la empresa".
El oficialista rionegrino Miguel Pichetto pidió una interrupción para sostener
que la quiebra, como sostenía Negre, "no es aplicable a una empresa de la magnitud y envergadura de
Aerolíneas Argentinas, y ni siquiera a una ferretería, porque nadie le va a comprar pasajes a una
compañía quebrada administrada por un juez".
Por su parte, la titular de la bancada de la Coalición Cívica, María Eugenia
Estenssoro, afirmó que el "transporte argentino está en un estado de casi colapso", y mencionó
cifras de los muertos por accidentes viales y ferroviarios y responsabilizó a Jaime y el ministro
de Planificación, Julio De Vido, por "la falta de idoneidad" para resolver los problemas y pidió
sus renuncias.
Dijo que el costo de la expropiación, de unos 3.500 millones de pesos, equivale
los presupuestos anuales de las provincias de Chubut y de Corrientes, o del Ministerio de Ciencia y
Tecnología.
El argumento fue replicado por el correntino oficialista Fabián Ríos, quien dijo
que "el 65 por ciento de la deuda es la que garantiza la continuidad de los servicios de
aerolíneas, y sin ellos la compañía no vuela".
Jaime
El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, afirmó ayer que “la normativa
prevé intentar llegar a un acuerdo de las partes (por el grupo Marsans y el Estado) sobre el
precio, y si no hay acuerdo, se inicia un proceso legal, que esperamos que no se dé”. También
descartó que el grupo Marsans retenga parte de las acciones.