Con 52 votos afirmativo, cero negativos y cuatro abstenciones, el Senado aprobó esta tarde el aumento del 7,2 por ciento para las jubilaciones y un incremento del bono de 70 a 110 mil pesos. El proyecto, apoyado por abrumadora mayoría, venía con media sanción de Diputados, por lo que ahora se enfrenta al seguro veto que aplicará el presidente Javier Milei, quien ya había adelanto su posición, y en caso de que no le alcance los votos para blindar el veto, el líder libertario ya avisó que recurrirá a la Justicia para dejar sin efecto la ley que promueve una suba en los haberes jubilarorio.

La sesión comenzó muy tensa, pero con los números más que sobrados, la oposición había logró reunir el quórum en el Senado para avanzar con proyectos que incomodan al gobierno de Milei. Tras un largo debate reglamentario, en el que la vicepresidenta Victoria Villarruel estuvo presente, y apenas un puñado de alocuciones sobre los proyectos previsionales, la oposición sancionó el proyecto que actualiza los haberes previsionales y el bono. Los libertarios se retiraron al momento de la votación para no convalidar el debate.

La sesión especial impulsada por bloques opositores comenzó pasadas las 14 y dio paso a más de una hora de debate sobre su validez. Mientras el oficialismo cuestionó su legitimidad por entender que son necesarios dos tercios de la cámara para tratar los proyectos propuestos, los bloque opositores lograron avanzar con el voto de una mayoría simple.

El argumento del oficialismo es que se trata de proyectos que involucran recursos. La mayoría opositora, sin embargo avanzó con el tema y finalmente lo aprobó.

El primer proyecto que se puso en discusión fue el aumento de las jubilaciones. El kirchnerismo defendió la iniciativa, afirma que el impacto en el presupuesto es nulo ya que estipula cuáles serían las fuentes de recursos para el aumento. “Alcanza apenas para dos docenas de empanadas, nos deja sabor a poco”, dijo el senador Mariano Recalde al defender la propuesta.

El bloque de La Libertad Avanza adelantó que impugnarán las normas que se aprueben y eventualmente recurrirán a la Justicia.