La Cámara de Diputados de la Nación debatía esta noche el proyecto de ley de solidaridad social y reactivación productiva, que contempla la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020, para poder superar la crisis económica y social y sentar las bases para promover el desarrollo productivo.
El debate comenzó minutos antes de las 16 y se extendería durante toda la madrugada, ya que sobre las 18 todavía había 135 diputados nacionales en la lista de oradores. La votación recién se produciría después de las 5 de la mañana, estimaron en el Congreso.
El proyecto establece la creación de un impuesto a la compra de dólares para turismo o atesoramiento, aumento de alícuotas del impuesto a los bienes personales, moratoria para las pymes, congelamiento y revisión de las tarifas, suba en las retenciones y la suspensión de la movilidad jubilatoria.
En la primera sesión extraordinaria conducida por el bonaerense Sergio Massa, el Frente de Todos se encaminaba a lograr su objetivo de sancionar esta ley clave para el gobierno ya que logró cosechar el respaldo de los interbloques Federal —integrado por Consenso Federal y diputados cordobeses— y de Unidad Federal para el Desarrollo, que conduce el mendocino José Luis Ramón.
Con el claro rechazo de Juntos por el Cambio, la bancada oficialista —que preside Máximo Kirchner— contó con la colaboración de los dos interbloques para formar el quórum de 129 diputados para abrir la sesión, y además tenía garantizado el apoyo de esos legisladores para la sanción en general y en particular.
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El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que el oficialismo cuenta con "los votos necesarios para aprobar" el proyecto de ley de solidaridad social y reactivación productiva "en su actual versión", pero señaló que le sugirió al bloque oficialista mejorar la ley para "construir confianza entre todos y que nadie dude de nuestros propósitos sinceros".
Explicó que le había "sugerido" a Máximo Kirchner "mejorar la ley que se está tratando".
Fernández también propuso que los diputados incorporen "un artículo que disponga que el Poder Ejecutivo deberá establecer mecanismos de compensación de los efectos de los derechos de exportación específicos para pequeños productores y cooperativas".
De hecho, el Frente de Todos acordó con bloques opositores un cúmulo de cambios para que queden excluidos de la suspensión de la movilidad jubilatoria los docentes, los científicos, los beneficiarios de la ley Brisa (victimas de femicidios) y las pensiones graciables para expresos políticos, así como cambios en las retenciones para las pymes agropecuarias y la eliminación del artículo que impedía incorporar prestaciones al Programa Médico Obligatorio.