Unos 237 congresales (de 455) participaron ayer del congreso provincial del PJ, que se reunió en la ciudad de Santa Fe para postergar la fecha de su interna —cosa que hizo— y decidir tres acciones políticas que en orden de prelación van desde oponerse a la reforma constitucional, confrontar políticamente con el gobierno provincial y exigirle a la vicegobernadora, Griselda Tessio, una retractación pública por haber ofendido al “pueblo peronista” por decir que la frase “de casa al trabajo y del trabajo a casa” no es —como creen los peronistas— una creación de Juan Perón sino que remite al fascismo italiano.

El por momentos tenso pero correcto congreso, presidido por Angel Baltuzzi, convocado de urgencia y de modo extraordinario se reunió en el cine teatro Garay del Colegio Inmaculada de la capital provincial y tuvo en la reforma constitucional propiciada por Hermes Binner su principal objetivo. En rigor, se trató de decirle no a la iniciativa oficial hasta que el PJ provincial haya resuelto su interna.

Lo que el congreso peronista resolvió ayer de modo unánime fue encorsetar cualquier acción y amordazar a todos sus dirigentes y afiliados para coartar los intentos de acuerdo que les proponga el gobierno.

Sin discusión. La resolución fue llevada ya escrita como resultado de las negociaciones que días previos habían iniciado las autoridades partidarias con los presidentes de los bloques legislativos.

El ex convencional constituyente Antonio Ciaurro fue el encargado de argumentar políticamente la negativa.

“Otra vez en la provincia se bate le parche de la necesidad de reformar la Constitución. La primera pregunta que debemos hacernos es si existe una necesidad inmediata para hacerlo. Porque supuestamente su texto actual nos impide que la provincia tenga las instituciones que necesita. Debemos decir que no existe un reclamo popular por la reforma. Pero que sí existe una exigencia por los problemas de seguridad; de mejores servicios públicos; por los anunciados incrementos de tarifas de energía, de impuestos, de tasa municipales”, leyó Ciaurro.

“No existe una sola disposición de la Constitución —insistió— que impida legislar sobre algún aspecto que haga al desarrollo u prosperidad general. Esta pretendida urgencia, no es tal. Las actuales autoridades no han entendido que gobernar exige de una selección de prioridades que atiendan a las reales necesidades de la población. No es mediante constantes reformas de constitución y de las leyes que hemos de cambiar la realidad de la provincia. La ley no cambia la realidad; solamente la regula. El padre del constitucionalismo argentino dijo que «el principal medio de afianzar el respeto a la Constitución es evitar en todo lo posible sus reformas». A la Constitución no hay que reformarla, hay que cumplirla, ya vendrán tiempos en que habrá que discutir nuevas normas”.

Según Ciaurro, estos “son tiempos de otras urgencias: seguridad, seguridad, seguridad; desarrollo, más justicia social, más inversión y no tantas promesas, planes y proyectos inexistentes”.

Luego pidió que el congreso “ordene a todo dirigente y legislador del partido la absoluta abstención de tratar todo tema sobre una posible reforma de la Carta Magna sin el debido consentimiento partidario”.

Amordazados. Nicotra leyó luego la resolución que se aprobaría por aclamación: “Se resuelve que el análisis de la necesidad, oportunidad y contenido de una reforma constitucional será competencia exclusiva del congreso partidario” y que “ningún órgano de inferior rango, ni dirigente partidario y/o legislador fijará posición hasta que un congreso extraordinario se pronuncie sobre el tema”.

Así, los peronistas clausuraron cualquier discusión y creen haberse puesto a salvo de una nueva derrota electoral en comicios para convencionales constituyentes.