El oficialismo presentó formalmente ayer en el Congreso de la Nación el proyecto de juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema “por mal desempeño” de sus funciones. En ese marco, pidió citar a los cuatro miembros del máximo tribunal por considerar que sus últimos fallos sobre la coparticipación federal y el que retrotrae el funcionamiento del Consejo de la Magistratura ponen “en jaque al sistema republicano de división de poderes” y “en riesgo” al Estado de derecho, al tiempo que afectan “seriamente la gobernabilidad y estabilidad institucional”.
El planteo también menciona los chats que desataron el escándalo institucional dentro del Poder Judicial y que revelaron la relación directa de miembros íntimamente allegados a la Corte y funcionarios de Juntos por el Cambio (JxC) en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Caba).
El proyecto presentado por los diputados del Frente de Todos (FdT), encabezados por Eduardo Valdés, propone citar a la comisión de Juicio Político de la Cámara baja a los cuatro integrantes del máximo tribunal: el santafesino Horacio Rosatti —su presidente—, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Aunque los magistrados no están obligados a asistir.
La convocatoria incluye a Silvio Robles, asesor de Rosatti; al ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno porteño (en uso de licencia), Marcelo D’Alessandro, al ministro del Interior de la Nación, Eduardo Wado De Pedro y a referentes de organismos de derechos humanos, como integrantes de la agrupación Madres de Plaza de Mayo.
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El texto propone convocar a otros funcionarios vinculados directamente a la acusación y a referentes de distintos sectores con el objetivo de respaldar la investigación contra el alto tribunal. Entre ellos se encuentran el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni y el jurista español Baltazar Garzón.
Si bien la lista totaliza 35 citaciones, más la de los cuatro jueces de la Corte Suprema, la nómina podría ampliarse porque el proyecto establece que también se presenten a declarar secretarios y empleados del máximo tribunal que la comisión considere que aportarán a la investigación.
“La Corte Suprema, integrada por Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti (también santafesino) y Maqueda, ha realizado arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo Nacional”, señala el texto.
Eso implica que “han quebrantado las obligaciones constitucionales que tienen a su cargo, incurriendo en la causal de mal desempeño prevista en el artículo Nº 53 de la Constitución Nacional”.
El escrito de 84 páginas fundamenta la legalidad, pertinencia y viabilidad del pedido de juicio político a los miembros del máximo tribunal, citando a los más prestigiosos constitucionalistas que analizaron que esa posibilidad no atenta contra el orden republicano, como viene denunciando la oposición de Juntos por el Cambio, que se niega a prestar quórum y amenaza con paralizar el Congreso (ver página 17).
Sustento
La presentación incluye documentos respaldatorios del planteo de juicio político, como el pedido original firmado por el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores, fallos del alto tribunal, recortes periodísticos e imágenes de chats filtrados.
Algunos de los hechos que los diputados mencionan para fundamentar el proceso de juicio político son los fallos de la Corte Suprema para declarar aplicable el cómputo conocido como 2x1 para un represor y para modificar el Consejo de la Magistratura.
Lo propio ocurre con “incumplimientos y desmanejos” en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN) y declaraciones de Rosatti que “buscan condicionar la actuación del Poder Legislativo”.
El oficialismo cuenta con el número necesario en la comisión de Juicio Político para firmar el dictamen del proyecto, pero no con la mayoría de dos tercios que se precisa en el plenario para impulsar la acusación ante el Senado.
Pero Valdés aseguró que, “con el devenir de pruebas contundentes”, el oficialismo podría sumar respaldos, como ocurrió en 2003, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner impulsó el enjuiciamiento de los integrantes del máximo tribunal.
Extraordinarias
En tanto, la Rosada oficializó ayer la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso entre el “23 de enero hasta el 28 de febrero” próximos para tratar 27 proyectos, entre los que figuran, además del pedido de enjuiciamiento a la Corte Suprema, la ampliación del número de integrantes del máximo tribunal.
El mensaje incluye la modificación de la ley del Consejo de la Magistratura y una norma relacionada al tratamiento del acuerdo requerido para designar al procurador general de la Nación.
