El decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, que implica una profunda desregulación de la economía, propone un “plan de estabilización de shock”, deroga múltiples leyes y normativas y apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas, ingresó este viernes al Senado de la Nación.

La Jefatura de Gabinete envió el decreto de necesidad y urgencia a la Cámara alta al límite de lo permitido por la Constitución, ya que a la medianoche vencía el plazo.

El instrumento anunciado por el presidente Javier Milei en diciembre pasado, a través de la cadena oficial de radio y televisión, deberá ser analizado por la comisión bicameral de Trámite Legislativo.

La comisión está integrada por 16 legisladores (ocho diputados y ocho senadores nacionales), que deberán firmar dictamen.

Si la bicameral no se reuniera en un plazo de diez días hábiles, el pleno de cada Cámara está habilitado a debatir el DNU.

Hasta el momento, todos los partidos enviaron sus listas con sus miembros designados para la bicameral, excepto el bloque de Unión por la Patria (UP), que exige cuatro puestos en lugar de los tres que quieren asignarle los libertarios.

El DNU llegó al Congreso con todos los artículos originales con los que salió publicado en el Boletín Oficial el 20 de diciembre, incluido el capítulo laboral que la CGT logró suspender a partir de la cautelar de la Cámara del Trabajo a partir de su amparo.

En tanto, la vicepresidenta Victoria Villarruel ya publicó el decreto parlamentario para la designación de los ocho senadores que conforman la comisión: el oficialista Juan Carlos Pagotto, el radical Víctor Zimmermann, Luis Juez (PRO), el macrista Juan Carlos Romero, el peronista disidente Carlos Espínola y los kirchneristas Mariano Recalde, Anabel Fernández Sagasti y María Teresa González.

En Diputados, a su vez, el presidente del bloque de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, solicitó al titular de la Cámara baja, Martín Menem, la “urgente” conformación de la bicameral.

“Requerimos la urgente conformación de la comisión para dar tratamiento al DNU 70/2023, como establece la Constitución, la ley Nº 6.122 y las resoluciones del cuerpo en la sesión preparatoria”, sostuvo el bloque de diputados de UP en su cuenta de la red social X, donde se adjuntó la nota de Martínez a Menem.

El rosarino argumentó que, de acuerdo al artículo Nº 99 inciso 3 de la Constitución, “la composición de la referida comisión deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara”.

Asimismo, agregó que, cumpliendo el mandato constitucional, “la ley 26.122, en su artículo 3, expresa que la comisión debe integrarse «respetando la proporción de las representaciones políticas»”.

En espera

De ese modo, en Diputados aún no fueron oficializados los nombres de los ocho integrantes, aunque existen divergencias entre Unión por la patria y la Libertad Avanza (LLA) sobre el número de legisladores que le corresponde a cada espacio.

En la presidencia de la Cámara, que ejerce el oficialista Menem, entienden que a UP le corresponden tres lugares, dos a LLA, uno al PRO, uno a la UCR y uno a Hacemos Coalición Federal.

De ese modo, integrarían la bicameral los mileístas Oscar Zago y Lisandro Almirón, el macrista Hernán Lombardi, el radical Francisco Monti y Nicolás Massot, por Hacemos Coalición Federal.

Como contrapartida, Martínez, consideró que “corresponde que la comisión permanente de Trámite Legislativo se integre con cuatro diputados de Unión por la Patria, uno de La Libertad Avanza, uno del PRO, uno de la UCR y uno de Hacemos Coalición Federal”.

En ese sentido, un grupo de diputados radicales realizó un pedido similar para que, “sin dilaciones al estudio y consideración del mismo, para la cual le está corriendo un plazo fatal que vencerá el 18 de enero, ya que al día siguiente la Cámara baja deberá abocarse indefectiblemente al tratamiento del DNU y sería conveniente hacerlo con dictamen emitido”

La bicameral puede emitir dictamen a favor o en contra del DNU durante los próximos diez días. Si eso no ocurriera, la legislación establece que el decreto está listo para ser debatido en ambas Cámaras del Congreso, que pueden tratarlo simultáneamente.

De acuerdo con la ley, si el megadecreto presidencial no es rechazado por el Senado y por Diputados, mantiene su vigencia.

Otro frente

No obstante, la Justicia del Trabajo ya comenzó a analizar la validez de partes del decreto y el viernes un magistrado del fuero Contencioso Administrativo Federal habilitó la tramitación por separado de cada presentación que se haga contra la norma.

Paralelamente, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó una nueva medida cautelar que suspende la aplicación del capítulo laboral.

La decisión adoptada por la Cámara es la segunda cautelar concedida por ese tribunal: el miércoles hizo lugar a un planteo de la CGT y, posteriormente, a uno de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA).

En tanto, en el fuero Contencioso Administrativo Federal, el juez Enrique Lavié Pico habilitó la feria para tratar, por separado, distintos amparos presentados contra la totalidad del DNU.

De ese modo, desarmó el proceso colectivo en el cual el gobierno de Milei pretendía que confluyeran todos los cuestionamientos a la medida.

El senador oficialista por Formosa, Francisco Paoltroni, cuestionó el accionar de la Justicia al señalar que le resulta “confuso cómo considera no tratar un tema y que pase el tiempo que se les ocurra y cómo tratar otro tema de modo exprés, en 24 horas”.

En la oposición, el diputado nacional de Unión por la Patria Pablo Yedlin resaltó que en la Cámara baja que “el DNU está vigente” y que hay que “darlo de baja este mes”.

“Pese a que hace poco asumió el gobierno, no se puede recurrir a la prudencia. Tenemos que actuar, porque muchas de las medidas expresadas en el decreto son catastróficas”, sentenció.