El diputado nacional del Frente de Todos, Ramiro Gutiérrez, presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley “armas y delitos contra la seguridad pública” que crea nuevas protecciones legales y un abanico de agravantes para aquel delincuente que porte un arma de fuego para delinquir.
"Hay que mandar un mensaje legislativo que no deje dudas y que permita a las autoridades ir a buscar las armas a manos de los delincuentes", aseveró el legislador.
La iniciativa parlamentaria presentada por el diputado oficialista incorpora por primera vez al Código Penal la definición de portación de arma definida como “disponer, en lugar público o de acceso público, de un arma de fuego apta para disparo y en condiciones de uso inmediato”.
En la actualidad, llevar encima un arma de fuego ilegalmente tiene un castigo de 1 a 4 años de cárcel, lo que permite la condena en suspenso. La nueva ley no sólo eleva ese máximo a 8 años, sino que establece “nueve agravantes”, que incluye la detención y otorga penas a cumplir en todos los casos. “Pusimos el foco en el delincuente armado y modificamos la ley penal”, expresó Gutiérrez.
El nuevo abanico de herramientas legales está destinado a intervenir y frenar “la puerta giratoria” en las primeras fases del “camino del delito”, cuando el delincuente porta el arma y aún no ha robado, lastimado o matado a nadie.
La reforma crea además de las figuras básicas la “portación ilícita agravada” con penas de hasta 12 años de prisión y alcanza al delincuente que tenga antecedentes por uso de armas o delitos intencionales previos contra las personas, al que porte el arma en un establecimiento educacional, de salud, en centros de culto, en espectáculos deportivos, culturales, cuando se empleen armas que hayan sido utilizadas en otro delito, cuando sean “tumberas” o modificadas para lograr mejor alcance, precisión o poder de fuego, cuando tengan numeración borrada, adulterada o cuando se porten en vehículos motorizados, como lo hacen sicarios, piratas del asfalto, secuestradores, atracadores, etc.
“Todo aquel que toma la decisión de ponerse un arma en la cintura y salir a robar o a lastimar, tiene que saber que el Estado también tomó otra decisión, la de construir una ley potente que defienda a la ciudadanía”, expresó el diputado massista del bloque de TODOS que impulsa la ley y que tiene el acompañamiento de sus pares Cecilia Moreau, Mirtha Tundis, Jimena López, Alicia Aparicio, entre otros.
En concreto, la ley brindará herramientas a la justicia y a las fuerzas de seguridad para atrapar y condenar en aquellos delitos dónde se usen armas de fuego, incorporando al Código Penal definiciones claras que impidan interpretaciones arbitrarias o liberatorias.
En sus argumentos, la norma presentada al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, resalta la necesidad de intervenir firmemente en la cadena de sustracción, fabricación, alquiler, tenencia, portación, tráfico, tránsito y uso de estas armas fuera de la ley, enmarcando las acciones como parte de un plan estatal dirigido a la pacificación y limitación de la violencia.
Por cada arma legal registrada, se estima que existe al menos otra que circula clandestinamente en el mercado ilegal, lo que potencia el riesgo de uso criminal.
En cifras de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, el robo con armas subió de 50.288 casos en 2016 a 54.289 en 2019, con merma en pandemia, y el abuso de armas se mantuvo en aumento constante hasta el presente, incrementándose un 12% más entre 2019 y 2020.
La única encuesta nacional que consultó a las víctimas es de 2017 y la protocolizó el Indec. En esa oportunidad y para el caso de robo de autos, camionetas y camiones, el 93,2% de los casos registra uso de armas.
Son asalariados de clase media, no tienen hijos ni capacidad de ahorro y temen que el peso pierda valor, por lo que gastan en compras y salidas.
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