Política

El kirchnerismo impulsa en el Congreso una ley contra los piquetes

El diputado Kunkel presentó un proyecto para "dispersar" con la fuerza pública manifestaciones que incluyan cortes de calles.

Jueves 17 de Abril de 2014

El diputado del Frente para la Victoria Carlos Kunkel presentó ayer en la Cámara baja un proyecto de ley para regular las protestas sociales, que establece la posibilidad de "dispersar" con la fuerza pública las manifestaciones que incluyan cortes de calles.

La iniciativa —denominada ley de convivencia en manifestaciones públicas— busca que las protestas sean notificadas ante representación policial con al menos 48 horas de anticipación, especificando horario, lugar y motivo, además de designar un delegado para dialogar con la autoridad ante la que se realiza la petición.

El proyecto establece que si la manifestación es catalogada como "ilegítima", es decir, que no cumple los requisitos de no cortar calles, no afectar a servicios esenciales o dar previo aviso, las fuerzas de seguridad podrán "dispersar" la misma.

En tanto, en el caso de las manifestaciones "legítimas", el Estado deberá actuar para "garantizar su desarrollo en forma pacífica".

La norma impulsada por Kunkel, junto a otros legisladores oficialistas, está en línea con el mensaje que brindó la presidenta Cristina Kirchner en su discurso ante la Asamblea Legislativa, el pasado 1º de marzo, cuando habló de la necesidad de sancionar "una norma de respeto y convivencia urbana", lo que había sido acompañado entonces por sectores de la oposición, especialmente el PRO de Mauricio Macri.

"Todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no cortando las calles, impidiendo que la gente vaya a trabajar. Creo que vamos a tener que legislar sobre una norma de respeto y convivencia urbana", había planteado la mandataria.

El objetivo del proyecto es "garantizar el ejercicio de los derechos de libertad de expresión, de reunión, de peticionar ante las autoridades, de uso del espacio público, así como el de libre circulación, e integridad física durante el desarrollo de las manifestaciones públicas".

Definición. En sus 34 artículos, la iniciativa define "manifestación" como "toda reunión no violenta de personas con un interés común, sea prevista o espontánea, que se desarrolla por un período limitado de tiempo en el espacio público con el objetivo de reivindicar derechos o reclamar ante entidades públicas o privadas".

Se entiende por protesta "legítima" la que es informada al Ministerio de Seguridad y "no impide la circulación total de personas o vehículos ni el funcionamiento de servicios públicos y sus manifestantes no cometen delitos previstos en el Código Penal".

En tanto, se define como "ilegítima" a la protesta "que afecta derechos de terceros puede ser dispersada por las fuerzas de seguridad con el objetivo de garantizar esos derechos", señala el proyecto.

Previo al desalojo, personal civil del Ministerio de Seguridad deberá —de acuerdo al proyecto— hacer un intento por disuadir a los manifestantes e "identificar las demandas para su canalización ante el área que corresponda".

Dos horas de plazo. Según establece la iniciativa, los mediadores —que no podrán ser efectivos de las fuerzas— tendrán dos horas de plazo para conseguir el despeje de la vía: si no se solucionara el corte, se entenderá que se trata de una manifestación "ilegítima" y la policía, Gendarmería o fuerza designada podrá actuar para liberar el piquete.

Para el uso de la fuerza en las manifestaciones públicas, el texto aclara que será con "legalidad, gradualidad, oportunidad y último recurso".

"El uso de la fuerza pública será limitado a su mínima expresión. Queda reservado para restituir derechos y para la protección de personas y o grupos vulnerables, así como la integridad física del personal de las fuerzas de seguridad", detalla el proyecto. Además, expresa que "ningún arma, letal o no, puede ser disparada directamente hacia los manifestantes".

Entre los fundamentos de la iniciativa, que también lleva las firmas de los diputados Sandra Mendoza, Diana Conti, María Teresa García, Gustavo Martínez Campos, José María Díaz Bancalari y Juan Manuel Pedrini, se indicó que "no es más legítimo el derecho a protestar que el derecho a circular libremente".

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