El jefe del PJ santafesino, Ricardo Olivera, encabezó ayer en la departamental Rosario del partido un “encuentro militante de reflexión y debate” en el que se afinó la sintonía con el mandato de las autoridades nacionales de esa fuerza política de mantener el estado de alerta y movilización como consecuencia del frente judicial que complica a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En rigor, el encuentro iba a realizarse 20 días atrás con el objetivo de auscultar el estado de situación del peronismo rosarino de cara a un 2023 con impronta electoral. Para el oficialismo santafesino, el desafío es mantener aquella unidad en la diversidad que le permitió recuperar la Casa Gris en 2019, tras doce años de administración frentista. Pero la coyuntura política nacional forzó un cambio de planes.

Olivera estuvo acompañado por autoridades partidarias provinciales y rosarinas, entre ellas Norma López, Germán Martínez y Eduardo Toniolli.

En ese contexto, programaron reuniones de evaluación y planificación de acciones todos los viernes en la departamental. Y resolvieron convocar a la brevedad a los partidos políticos que conforman el Frente de Todos (FdT) para delinear pasos en común.

Lo propio ocurrirá con intendentes y presidentes comunales peronistas del departamento y se solicitará al consejo ejecutivo provincial del PJ una urgente reunión.

El jueves pasado, el presidente Alberto Fernández encabezó de modo virtual la reunión del consejo nacional del PJ, que declaró el estado de alerta y movilización por la situación judicial de CFK.

Prácticamente al mismo tiempo, la militancia rosarina emitió una fuerte señal de respaldo a la titular del Senado nacional con una nutrida concentración en la Plaza 25 de Mayo. Para las autoridades locales del PJ, sostener ese nivel de convocatoria, es la tarea.

En alerta

“Estamos frente una embestida que tiene un doble objetivo: una persecución mediática y judicial para proscribir a Cristina, por un lado, y esmerilar al gobierno de Fernández, quien fue blanco de cuatro pedidos de juicio político en pocos días”, aseveró a La Capital Martínez, jefe del bloque de diputados nacionales del FdT y titular del peronismo rosarino.

Casi una semana atrás, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron para Cristina una pena de prisión de doce años y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, en el marco de la causa Vialidad.

Acerca de Fernández, diputados nacionales de Juntos por el Cambio (JxC) formalizaron un pedido de juicio político contra el primer mandatario por sus dichos contra Luciani y la comparación con el fallecido fiscal Alberto Nisman.

Si bien no quedo fijada una fecha para una movilización a nivel nacional, posiblemente la misma tenga lugar el 17 de octubre, el Día de la Lealtad Peronista.

Por eso, las autoridades del PJ provincial y de la ciudad aguardarán también a la nueva reunión del consejo nacional justicialista, prevista para principios de la semana próxima, que definirá los pasos a seguir.