Pollicita aseguró que es “prematuro” y “precipitado” haber rechazado la denuncia del fallecido fiscal de la causa AMIA y pidió que se cite como testigo al exjefe de Interpol Ronald Noble, ante la sospecha de que sí hubo intención de dejar sin efecto las circulares rojas con los pedidos de captura internacional a los iraníes sospechados de volar la AMIA.
“Estoy convencido de que, en beneficio de los que aparecen mencionados en la denuncia del 14 de enero de 2015 y de los que bregan por justicia hace dos décadas, corresponde investigar la existencia de los hechos y sus antecedentes con el fin mencionado”, sostuvo Pollicita.
El recurso de apelación fue aceptado de inmediato por Rafecas “sin hacer consideraciones”, por lo que será ahora el fiscal de Cámara, Germán Moldes, quien evalúe si sostiene el planteo: luego la Cámara Federal, sin plazos establecidos, resolverá si se le da curso a la denuncia iniciada por Nisman, informaron fuentes judiciales.
La semana pasada, el juez Rafecas había rechazado la denuncia que Nisman había presentado cuatro días antes de morir sobre un supuesto plan orquestado por la Presidenta y el canciller Héctor Timerman a través del Memorándum de Entendimiento para desvincular a los exfuncionarios iraníes sospechados el atentado a la AMIA, a cambio de retomar el intercambio comercial con ese país.
Sin embargo, Pollicita consideró en su presentación ante Rafecas que “aún deben practicarse ciertas diligencias” respecto a las circulares rojas libradas por Interpol y que según Nisman se intentaron dejar sin efecto.
“Puede sostenerse que la ´ayuda´ que se denuncia habría consistido en la creación de una Comisión de la Verdad y en su ratificación en sede legislativa, en razón de su afectación directa sobre la jurisdicción del juez argentino y la actuación del representante del Ministerio Público Fiscal”, sostuvo Pollicita.
El fiscal replicó además el argumento de Rafecas respecto de que el Memorándum nunca entró en vigencia, al considerar que “la circunstancia de que no se haya cumplido el objetivo que se habría perseguido a través del acuerdo no le impidió a Nisman afirmar que la ayuda, como aporte material, había sido prestada con la suscripción y ratificación de un instrumento internacional que importaba quitarle la jurisdicción al juez de la causa”.
Pollicita consideró que existen “dos posturas extremas” entre lo que denunció Nisman y lo que resolvió Rafecas, lo que “exige la apertura de una investigación para arrojar luz sobre lo verdaderamente ocurrido en relación a los hechos”.
“Lo central en el asunto no es el hecho de que el acuerdo no entró en vigencia sino, en cambio, qué tipo de finalidad guió la creación de la Comisión”, agregó.
Pollicita señaló además que no desconoce “la relevancia” de lo manifestado por Noble respecto de que el Gobierno siempre se mostró interesado porque fuesen mantenidas las alertas rojas con los pedidos de captura de los iraníes, aunque advirtió que “lo cierto es que ello no fue adecuadamente corroborado por el magistrado interviniente, quien debió indefectiblemente escuchar en declaración testimonial”.
“Otra cuestión controversial resulta el medio que utiliza el juez a quo para tener por confirmada la carta que presuntamente recibió en su correo electrónico el canciller y con la cual entiende desvirtuada la ayuda que se habría prestado a los acusados iraníes”, añadió.
El fiscal se refirió también a la clausula séptima del Memorándum con Irán, que disponía que una vez firmado el acuerdo ambos gobiernos, el argentino y el iraní, debían comunicarlo a Interpol.
“Resultaría conducente profundizar la pesquisa con miras a obtener un conocimiento acabado sobre la motivación que llevó a las partes a introducir la cláusula séptima y para lo cual sería de interés la producción de diligencias tendientes a obtener elementos de convicción, los cuales, analizados en su conjunto, permitirán conocer la intención que tuvieron con su proceder las personas denunciadas”, contestó Pollicita.
Y agregó que “para sustentar el carácter prematuro del temperamento adoptado, resulta relevante el análisis de la normativa que regula a las notificaciones rojas de Interpol y la discrepancia en torno a la interpretación que efectúa el magistrado sobre la misma”.
Pollicita enfatizó, en este sentido, que “existiría cuanto menos una opción en la cual la caída de la vigencia de una notificación roja no estaría condicionada a la voluntad del juez de la causa sino que depende pura y exclusivamente de la Secretaría General de Interpol”.
Al respecto, dijo que “la investigación deberá centrarse en determinar si efectivamente la Secretaría General de Interpol se encontraba facultada para anular las notificaciones en cuestión y, por consiguiente, si las autoridades persas hicieron gestiones en ese sentido a partir de la ´ayuda´ que habría significado el instrumento rubricado con el Gobierno argentino”.
Además de la declaración testimonial de Noble y del Consejero Jurídico de Interpol, Pollicita pidió profundizar sobre el trascendido periodístico respecto a que en la cumbre de Alepo en Siria, el canciller le habría transmitido a su par iraní que el Gobierno argentino estaba dispuesto a negociar una salida en la causa.
“Resultaría pertinente profundizar la pesquisa con el objeto de poder corroborar fehacientemente el contenido del encuentro y para lo cual resultaría conducente recabar cables diplomáticos, escuchas telefónicas no transcriptas y, particularmente, citar en testimonial tanto a los integrantes de la comitiva oficial que viajó a Siria como al personal de inteligencia que intervino en la investigación del atentado a la AMIA”, afirmó Pollicita.
