El juez federal Sergio Torres elevó a juicio oral y público al destituido capitán de la Armada Jorge Tigre Acosta y a Eduardo Enrique Massera, hijo del ex dictador Emilio Eduardo Massera, entre otros represores.

El magistrado dispuso procesarlos por delitos de "lesa humanidad" cometidos durante la última dictadura en el centro clandestino de detención, torturas y exterminio que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma).

Mediante una resolución de treinta carillas, el magistrado también elevó a juicio oral y público las actuaciones referidas a Juan Carlos Rolón, Jorge Carlos Radice y otros represores de la Esma.

A Pablo García Velazco, Alberto Eduardo González y Aldo Maver, el juez los responsabilizó por la apropiación de bienes de personas ilegalmente privadas de su libertad en ese centro clandestino por el que pasaron varios miles de desaparecidos.

El expediente en el que Torres adoptó esta resolución es un desprendimiento de la "megacausa Esma" reabierta tras la derogación y declaración de "nulidad insalvable" de las leyes de obediencia debida y punto final, de impunidad para los represores.

En esta causa se investiga, entre otras apropiaciones, el desapoderamiento de sus bienes del que fue objeto Conrado Higinio Gómez, secuestrado el 10 de enero de 1977.

De las constancias del expediente se desprende que Gómez fue objeto de torturas y "métodos extorsivos" para obligarlo a firmar la cesión de sus propiedades, entre ellas el predio "Chacras de Coria", en una exclusiva zona residencial mendocina y valuado en 15 millones de pesos, y hasta sus caballos pura sangre.

Por esos mismos hechos, el juez también procesó luego a la ex magistrada en lo contencioso administrativo federal Emilia Marta García, con un embargo de 700.000 pesos sobre sus bienes, acusada de formar parte de la "estructura financiera" de los represores que desapoderaban de sus bienes a prisioneros de la Esma.

Ya en septiembre último, la Cámara Federal había rechazado un pedido de nulidad del requerimiento de elevación a juicio, planteado por el defensor oficial Jorge Mendilaharzu, quien asiste técnicamente a Acosta, Radice y Massera (h).

"Es indudable que los imputados fueron informados de manera clara y precisa sobre los hechos que se investigaban y por los que ahora se requiere la elevación de la causa a juicio y que tuvieron oportunidad de defenderse", argumentaron los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah.

En una resolución de siete carillas, subrayaron además que "también se especificaron los hechos" que se les atribuían "junto con las pruebas que acreditaban su concreta participación", en particular en el secuestro de Conrado Higinio Gómez y el posterior desapoderamiento de sus bienes.

Venganza

El abogado Hernán Patricio Corigliano, defensor de dos de los imputados en el juicio a ocho represores de Neuquén, reivindicó lo actuado por los militares en la última dictadura. Dijo que “los que perdieron la batalla en el campo de las armas en las organizaciones subversivas hoy usan el poder y la justicia para buscar venganza”.