Política

El gobierno recibió a organismos de DD.HH., en una reunión tensa

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia, Germán Garavano, escucharon a Estela de Carlotto y otras referentes, quienes hablaron de los juicios, los despidos y de la detenida Milagro Sala.

Jueves 28 de Enero de 2016

El gobierno recibió a organismos de derechos humanos encabezados por la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, que dejaron un documento con "demandas" para que "el tema de los derechos humanos siga siendo un tema de actividad y preocupación para el Estado".

La reunión, que no estuvo desprovista de "discrepancias" según relataron sus participantes, contó con la presencia de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y representantes de la agrupación Hijos, quienes fueron recibidos por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.

"Le dejamos un documento con los puntos más importantes de nuestras demandas para que el tema de los derechos humanos siga siendo un tema de actividad y preocupación para el Estado y para que no se cambie lo que ya se ha construido y sí se construya lo que falta lo que quedó por hacer", contó Carlotto.

En declaraciones a la prensa efectuadas al término de la reunión, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo dijo que "hubo momentos de discrepancia" cuando las agrupaciones expresaron su "preocupación" por "ciertas acciones".

En este sentido, enumeró "los despidos masivos, la detención de Milagro Sala, el achicamiento de ciertos lugares de trabajo en los derechos humanos, el despido indiscriminado sin previa averiguación".

"También se trató la presencia de personas que tuvieron responsabilidades durante el terrorismo de Estado en lugares de decisión", señaló la dirigente y aclaró que se refirieron particularmente al jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Edgardo Busetti, a quien sindicaron como "abogado defensor de represores".

A su turno, la líder de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida, contó que también le expresaron al gobierno "la preocupación porque los juicios (a represores) continúen y que se tenga mucho cuidado con a quiénes se está nombrando para que juzguen".

En tanto, Eva Arroyo, referente de la agrupación Hijos Jujuy, indicó que lo que se planteó en relación con los despidos es "la preocupación respecto de que se achique el personal de esos programas como el de protección de testigos o asistencia a las víctimas".

Consultada por la prensa sobre la respuesta de Peña, Carlotto relató que "fue escuchando y cuando no coincidía expresaba su disenso", al tiempo que indicó que al jefe de Gabinete "no le gustó una palabra que apareció por ahí, en el documento, referida a que nunca más esté el Parlamento cerrado".

Para concluir, Carlotto señaló que concurrieron "a dialogar y no a agraviar" y explicó: "Si hubiéramos sentido el agravio de lo que dijo el presidente en campaña, que éramos un curro, no hubiésemos venido. Son accidentes que hay que dejarlos pasar".

Por su parte, Garavano calificó el encuentro como "un primer diálogo productivo", señaló que "el gobierno ratificó la política de Estado en materia de memoria y justicia" y aseguró que la continuidad de los juicios "está fuera de discusión" porque "la política de derechos humanos es una política de Estado".

El Ejecutivo va por la ley del arrepentido y de la extinción de dominio

Transparency Internacional publicó el Indice Anual de Percepción de la Corrupción en el que Argentina quedó en el puesto 107 entre 168 países. Rápida de reflejos, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, anunció un paquete de leyes contra la corrupción que incluye la ley del arrepentido, la de extinción de dominio y de acceso a la información pública.

"El 1º de marzo pediremos al Congreso que sancione en 2016, sin mayores dilaciones, una ley de acceso a la información pública que cumpla con los estándares internacionales y las leyes del arrepentido para casos de corrupción y de extinción de dominio para recuperar el dinero y los bienes que ex funcionarios y su entorno no puedan justificar, y cuyo origen esté vinculado a la comisión de delitos contra la administración", anunció hoy Alonso.

"Que estas leyes no hayan sido aprobadas aún le generó mucho daño al país. El Congreso tiene la oportunidad de revertir esta tendencia y confiamos en que los legisladores sabrán comprender que esta es una necesidad de la Nación y no de un gobierno particular", agregó.

En esa línea, llamó a "debatir una modificación de la ley de ética pública". Y cuestionó la reforma que promovió el kirchnerismo en 2013 en el marco de la llamada "democratización judicial".

"Distorsionó y quebró el sistema de declaraciones juradas que servía para controlar el patrimonio de los funcionarios públicos y detectar potenciales casos de enriquecimiento ilícito", criticó.

"Tuvo una intencionalidad clara: evitar el control patrimonial a los funcionarios que estuvieron años en el poder y que tendrían dificultades para explicar su patrimonio", insistió.

 

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