El gobierno denunció a cinco petroleras por abuso de posición dominante

El gobierno denunció hoy a cinco petroleras ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) por presunto abuso de posición dominante y cartelización del mercado de combustibles, que generarían sobreprecios en la provisión por unos 3.500 millones de pesos anuales.

Las petroleras denunciadas son Repsol-YPF, Shell Argentina, Esso, Petrobras Argentina y Oil, que abastecen el mercado interno. “Se han detectado diferencias de precios de hasta un 30 por ciento en la provisión de gasoil a granel (mayorista) y el que se expende en los surtidores, generando así una situación de desigualdad y una distorsión del mercado”, señaló el ministro de Planificación, Julio de Vido.

Durante una conferencia de prensa llevada a cabo en el microcine del Palacio de Hacienda, De Vido formuló esta afirmación acompañado por el Vicepresidente de la Nación (en ejercicio del Poder Ejecutivo), Amado Boudou; el ministro de Economía, Hernán Lorenzino; y el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi.

“Buscamos aplicar criterios uniformes en todo el país, teniendo en cuenta variables y circunstancias que puedan alterar el normal funcionamiento del transporte, y una de estas variables es el combustible que se provee tanto en el surtidor como en el mercado mayorista, dónde se abastecen las grandes compañías de transporte para abastecer sus unidades”, explicó De Vido.

En tal sentido, añadió que desde su cartera aspiran a que “Defensa de la Competencia descarte o confirme si han existido prácticas monopólicas o cartelización y se apliquen las sanciones correspondientes”.

El ministro recordó además que, de las cinco empresas denunciadas, “Repsol YPF abastece al 65 por ciento del transporte de pasajeros, en tanto que Shell tiene un 20 por ciento del mercado, representando entre ambas compañías el 85 por ciento del total”.

En cuanto a la eventual reacción de estas petroleras, subrayó que espera “una rápida respuesta de Repsol YPF”, aunque dudó del comportamiento del titular de Shell, Juan José Aranguren, por tratarse de un “sistemático opositor a todas las políticas del Gobierno Nacional”.

“No queremos que esta posición dominante tome recursos que destinamos a 40 millones de argentinos, y no a cinco empresas”, afirmó De Vido.

El ministro aludió también al reciente descubrimiento de gas no tradicional en la provincia del Neuquén, por parte de Repsol YPF que espera sean “puestos en valor” y no sólo para hacer crecer el balance de la empresa, sino para aumentar la oferta nacional.

Por su parte, Boudou destacó que “estamos hablando de un gobierno que no es neutral, que no todo le da lo mismo, y la no neutralidad está puesta a favor de la capacidad de consumo de los argentinos”.

Asimismo, señaló, "este gobierno le pone la proa a los abusos de los monopolios y los oligopolios, queremos que la población esté todos los días un poquito mejor, le pese a quien le pese, y le cueste a quien le cueste“.

En tanto, el secretario Schiavi, aclaró que si bien se trata de “operaciones entre privados, se está afectando a los servicios públicos de todo el país, y a las compañías de cargas, con un sobreprecio promedio de 8,4 por ciento, que ronda los 3.500 millones de pesos anuales”.

De esta manera, le están quitando “sustentabilidad a los sistemas de transporte de pasajeros y al de cargas, y creemos que hay un efecto de cartelización claro de las compañías, que afectan fuertemente ambos sistemas”.

Tras descartar que una eventual medida de la justicia tenga un efecto concreto en las tarifas, agregó que este Gobierno “no aumenta tarifas aunque si trabaja en orientar debidamente toda la política de subsidios y gastos”.

El transporte público cuenta con un total de 38.684 unidades en todo el país, que emplean a más de 120.000 personas, transportan unos 400 millones de pasajeros por mes y demandan 115 millones de litros de gasoil en el mismo período.

El transporte de carga tiene 430.000 unidades, con 346.000 trabajadores, y 600 millones de litros de gasoil al mes, de los cuales se expenden el 60 por ciento en surtidores y el restante 40 por ciento en el mercado mayorista.