Política

El gobierno condiciona el diálogo a que se desaloje el terreno ocupado

Aceptó sentarse en una mesa con la comunidad mapuche y la Iglesia, pero aclaró que no negociará mientras persista la toma en Villa Mascardi

Miércoles 29 de Noviembre de 2017

Representantes del gobierno nacional, legisladores, integrantes de la comunidad mapuche y de la Iglesia acordaron ayer la conformación una mesa de diálogo para buscarle una solución pacífica al conflicto por las tierras ocupadas en Río Negro, tras la muerte del joven Rafael Nahuel. Sin embargo, la Casa Rosada no formalizará su presencia hasta tanto no se desaloje la porción de terreno ocupada en Villa Mascardi.

El encuentro tuvo lugar en Bariloche, aunque por el momento no hubo avances en la negociación por las tierras, ya que los mapuches no quieren dejarlas y el gobierno espera continuar las conversaciones una vez que abandonen la toma.

Por la Casa Rosada estuvieron representantes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) y además asistieron integrantes de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro, la Confederación Mapuche de Neuquén, el Obispado de San Carlos de Bariloche, la Ctep, la CTA de Río Negro, la CTA Autónoma, la organización Al Margen, la defensora del pueblo de Bariloche, Abogados de Derechos por la Igualdad y de la Universidad Nacional de Río Negro.

"Ante las versiones en relación a los hechos que sucedieron en el territorio de Villa Mascardi, el gobierno nacional aclara que en el día de hoy (por ayer) presentó una nota al Juzgado con un acta de la mesa de diálogo de la que participó la interventora del Inai, en la que se dejó constancia que en estas condiciones de ocupación del parque nacional no es posible progresar en soluciones, las que sólo se lograran cuando los actores actúen conforme a la ley y al Estado de derecho", señaló la Secretaría de Derechos Humanos a través de un comunicado.

La agenda de trabajo contemplada, sin embargo, tiene en principio ocho puntos y en el primero el "Lof Lafken Winkul Maipu y las comunidades autoconvocadas manifiestan que sostendrán el control territorial del área y proponen el diálogo para llegar a una solución del reclamo" por las tierras.

Reclamaron la "urgente desmilitarización de la zona" y el "freno a la imputación y la criminalización de los detenidos que acompañaron a Rafael Nahuel a la ruta".

Además, pidieron "garantizar la seguridad de las personas que se encuentren en la comunidad" y que el Inai "gestione que se corran los retenes para que se pueda acceder al lugar" y proveerlos de alimentos y abrigo.

En tanto, el "Inai sugirió que, para avanzar en un diálogo fructífero que permita solucionar la cuestión de fondo relativa al reclamo territorial, es preciso que la comunidad se retire del territorio y que las personas que se encuentren en el territorio estén sujetas a derecho".

"No se firmó ningún acuerdo con los ocupantes ilegales", aclaró por la noche la secretaría que conduce Claudio Avruj.

El jefe de bloque del Movimiento Evita y vicepresidente de la comisión de Derechos Humanos en la Cámara baja, Leonardo Grosso, también participó y consideró que se dio el "primer paso" para "que el gobierno nacional cese su actitud en contra del diálogo y se pueda empezar a destrabar el conflicto como corresponde, democráticamente y por vías institucionales".

Sin embargo, reconoció que "todavía falta mucho" y que "el problema de fondo no está resuelto", a la vez que consideró que la solución implica "la desmilitarización de la zona como elemento fundamental para seguir avanzando en el camino del diálogo.

"El gobierno nacional ha desplegado una estrategia de criminalización de la comunidad mapuche y se ha negado al diálogo, pero ahora tuvo que retrotraer su política a partir de la insistencia de los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, sindicales y religiosas para construir esta instancia para resolver los problemas en paz", subrayó Grosso.

Ayer los dos jóvenes que fueron detenidos cuando bajaron del cerro con el cuerpo sin vida del joven de 22 años, Lautaro Alejandro González y Fausto Jones Huala, fueron indagados en el Juzgado Federal de Bariloche, acusados de usurpación.

mesa. Representantes de la Iglesia, mapuches y organismos de DDHH se reunieron en San Carlos de Bariloche.

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