En medio de la incomprensible guerra de guerrillas políticas en la que peronistas y socialistas se encuentran enfrascados, el gobierno provincial logró poner a sus antecesores a la defensiva: admitieron que las cifras de endeudamiento que diera un día antes la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, "son ciertas pero manejables".
El socialismo desplegó parte del gabinete que acompañó al ex gobernador Miguel Lifschitz en una conferencia de prensa en la que el ex titular de Gobierno y Reforma del Estado y ahora diputado provincial Pablo Farías, aceptó: "Son números oficiales que nunca ocultamos, son las mismas cifras que manejamos, pero la diferencia está en la interpretación".
Frana había sacudido el tablero al ponerles números concretos a los déficits de su cartera que, a su entender, justifican la emergencia que la Casa Gris está pidiendo y que, el 30 de diciembre pasado, el socialismo (tiene la mayoría de los votos en Diputados) le negó.
Reveló que su cartera debe 3.094.173.296,95 de pesos. Y su desagregado es el siguiente: Infraestructura, 846.747.068,65; Obras Públicas, 976.615.207,00; Vivienda, 236.971.086,00 y Vialidad, 1.033.839.935,30. Aguas Santafesinas (Assa) presenta un déficit operativo en 2019 de 1.323.703.000 y la EPE adeuda 5.000 millones. "Unos cien millones de dólares", tradujo la ministra.
El bloque mayoritario de Diputados salió a responderle a Frana y, contrariamente a lo esperado, no se desmintieron las cifras sino que fueron confirmadas, apelándose al argumento de que "es una cuestión de interpretación". Al respecto, Farías agrego: "Si hubieran existido más reuniones en el período de transición, hubiéramos explicado en qué consistían".
La transición luego de las elecciones generales de junio pasado fue la más larga de la democracia recuperada en la provincia. Duró seis meses con una coexistencia entre peronistas triunfantes y socialistas derrotados que se fue desgastando en los pases de facturas históricos.
El escenario
El socialismo había puesto fin a 24 años de gobiernos peronistas sucesivos en 2007 y a ahora éstos cortaban la aspiración de aquellos de ir por un cuarto mandato. Esa aspiración de continuidad (con intentos reformistas y reeleccionistas en el medio) llevaron a que Lifschitz decidiera el cronograma (según luego se lo reprocharan hasta en el propio socialismo) especulando con la posibilidad de encarnar él mismo una postulación como segundo en algún binomio nacional.
Haya o no sido así, la derrota provincial hizo trizas esos supuestos planes. Por eso, el peronismo acusa a sus antecesores de haber usado los seis meses de la transición para ordenar la cobertura de su retirada del poder. La decisión de Omar Perotti de auditarle las cuentas (como lo hizo Hermes Binner en 2007) enfrió la relación de entrada, que se rompió cuando Lifschitz logró imponerle un presupuesto 2020 elaborado por su gestión a pocos días de irse.
Esa transición fallida habría permitido, según los ex ministros Farías, Gonzalo Saglione (Economía) y Claudia Balagué (Educación), "otra" interpretación de las deudas en cada área.
Cuando el socialismo archivó el proyecto de ley con el que la gestión Perotti intentó declarar emergencia en ocho áreas del Ejecutivo, ofreció como salida que "pidan emergencias concretas" para darle lugar a su tratamiento, según dijo el presidente del bloque mayoritario, Joaquín Blanco.
Esa promesa es el eje desde el cual la Casa Gris articuló la contraofensiva. Cada área iría saliendo a dar a conocer a la población las cifras exactas de los números rojos, que luego se irán volcando en proyectos de ley de emergencia que enviarán a Diputados.
Farías buscó involucrar al también derrotado macrismo al asociar las cifras que dejó la gestión provincial con el fracaso nacional de alcanzar el déficit cero.
"Llevar la administración pública de los recursos de los Estados permanentemente a la búsqueda de ese déficit cero fracasó en los últimos cuatro años en el país. Por eso trabajamos cuidando el equilibrio presupuestario y cuidando los recursos de la provincia, pero no ajustando a cualquier costo", indicó".
"Frente a un presupuesto de 408 mil millones de pesos, el déficit de la provincia es absolutamente razonable, inferior al 5 por ciento. Estamos en cifras lógicas y razonables", continuó.
Al respecto, completó: "Nos parece preocupante que el gobierno no ponga cuidado en las calificaciones que hace sobre la provincia, que pese a la situación de crisis que vive el país mantuvo indicadores que la destacan y diferencian, algo dicho por organismos nacionales".
Más allá de las definiciones políticas, fue Saglione quien habló de números, específicamente, y del efecto negativo que tuvo en las finanzas santafesinas el decreto nacional del 14 de agosto, que afectó la coparticipación de todas las provincias.
Santa Fe perdió, de agosto a diciembre, entre 3.000 y 4.000 millones de pesos, según dijo. "Cuando tomamos en cuenta ambos elementos, estamos en un orden de magnitud similar al déficit que la provincia mostraba al 30 de noviembre de 2019. Nos encontramos con montos por pagar como la famosa deuda flotante y montos por cobrar", repasó.
En ese sentido, Saglione precisó: "Los montos por pagar eran de 4.332 millones de pesos al 30 de noviembre, en relación a la Obra Pública, a lo que hay que contraponer los 3.000 millones de pesos que la Ansés debió abonar y el reclamo de la Corte Suprema por el impacto en la coparticipación de las medidas del 14 de agosto. Cuando uno mira lo que tenía por pagar al 30 de noviembre y lo que tenía por cobrar, son montos prácticamente equiparables".
Borgonovo
A través de su cuenta en las red social Twitter, el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad provincial, Esteban Borgonovo, aseguró ayer que “es un paso adelante que el Frente Progresista (FPCyS) reconozca que las cifras de la deuda brindadas por el Ejecutivo santafesino son ciertas”.