El FdT prepara su estrategia en la etapa clave del juicio político a la Corte

El Frente de Todos (FdT) prepara en la Cámara de Diputados su estrategia para enfrentar una de la etapas cruciales del proceso de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema, que es la admisibilidad del enjuiciamiento y la apertura del sumario para acumular las pruebas que sostengan la acusación contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

  La Comisión de Juicio Político que conduce la legisladora oficialista Carolina Gaillard tiene previsto votar el 9 de febrero el dictamen que propondrá el FdT para establecer la admisibilidad de los pedidos de juicio político.

  En la primera reunión, realizada el jueves pasado, el oficialismo logró quórum propio para iniciar el debate pese al intento de los representantes de Juntos por el Cambio (JxC) de boicotear el inicio de las sesiones. El quórum fue posible gracias a una bancada abroquelada detrás de la postura de impulsar el proceso de remoción de los cuatro ministros del máximo tribunal del país.

  Tras amagar con ausentarse cuando se anunció la presentación del proyecto del oficialismo, los legisladores del interbloque opositor terminaron asistiendo al debate en la comisión y esto fue leído desde el FdT como una legitimación del procedimiento de juicio político a los integrantes de la Corte, que impulsa el gobierno nacional con el apoyo de gobernadores.

  La primera reunión de la Comisión marcó el pulso que tendrá este proceso legislativo, que desde su arranque se caracterizó por los fuertes cruces que mantuvieron los representantes del oficialismo y del JxC.

  El oficialismo descuenta la presencia mayoritaria de sus 16 diputados en todas las reuniones, y voceros del FdT aseguran que eso es lo que sucederá el próximo jueves, a partir de las 11, cuando se presenten los autores de los 14 proyectos formulados para remover a los cuatro integrantes del alto tribunal.

  En tanto, desde la Coalición Cívica se buscará solo la destitución de Lorenzetti, quien fue denunciado en varias oportunidades por la fundadora de ese espacio político, la ex diputada Elisa Carrió.

  El oficialismo promueve el juicio político contra los cuatro jueces con el impulso del presidente Alberto Fernández y mandatarios provinciales, quienes advierten que Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti incurrieron en la causal de mal desempeño en el ejercicio de su labor al frente del tribunal que ejerce el rol de superintendencia del Poder Judicial.

  Las acusaciones del Ejecutivo se fundan principalmente en el fallo de la Corte que benefició a la ciudad de Buenos Aires en el litigio que mantiene con Nación por los fondos coparticipables, y también por reponer después de 16 años la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con una composición de 20 miembros, y que había sido derogada por el Congreso.

  También se cuestiona al máximo tribunal el haber legitimado en 2017 el cómputo del “2x1” para que Luis Muiña, un represor de la última dictadura cívico-militar, accediera al beneficio de la libertad condicional.

  Otro de los causales son una serie de “irregularidades, incumplimientos y desmanejos” en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn), que es administrada por la propia Corte.

  Un dato de cómo será el proceso lo marcó el oficialismo cuando anunció —ante una consulta de la oposición— que el proceso se hará mediante el mecanismo de plenario y no a través de una subcomisión como ha sucedido en el pasado, según explicó el presidente del bloque del FdT, el santafesino Germán Martínez

  Para que se abra la investigación deberá ser aprobada primero la admisibilidad de los 14 pedidos de juicio político, algo el oficialismo tendría asegurado con la mayoría que ostenta en la Comisión.

  A partir de la apertura del sumario, el oficialismo impulsará el pedido de documentación y diagramarán la citación a los testigos.

  El FdT quiere convocar al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; a mandatarios provinciales; a Silvio Robles —vocero y mano derecha de Rosatti—, y a Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño que se encuentra en uso de licencia.

  A fines del año pasado trascendieron en los medios de comunicación una serie de chats intercambiados a través de la aplicación Telegram que fueron atribuidos a D’Alessandro, y en varios de esos mensajes había intercambios del funcionario porteño con Robles.

  En esas conversaciones, el colaborador de Rosatti le sugería al ministro porteño distintas estrategias que debía llevar a cabo el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ante el litigio que la ciudad de Buenos Aires mantenía con Nación por los fondos coparticipables adicionales que Mauricio Macri redirigió al distrito porteño en 2016.

  El oficialismo pretende que esos chats sean también motivo de análisis en la Comisión de Juicio Político, como parte del proceso de remoción a los actuales magistrados de la Corte.

  También serán convocados como testigos los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Jorge Capitanich (Chaco); Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Ricardo Quintela (La Rioja); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Sergio Ziliotto (La Pampa); Raúl Jalil (Catamarca); Mario Arcioni (Chubut) y Gildo Insfrán (Formosa).

  La lista se completará con abogados expertos en Derecho Constitucional y organismos de derechos humanos, entre otras entidades.

  A partir de allí habrá otra compulsa entre el oficialismo y la oposición sobre las potestades que tendría la comisión de Juicio Político al momento de citar de forma obligatoria a los testigos.

  El reglamento establece que los magistrados y funcionarios indicados en el artículo 250 del Código Procesal Penal, con excepción del presidente y vicepresidente de la Nación y los gobernadores y vicegobernadores de las provincias, estarán igualmente obligados a comparecer a testimoniar ante la Comisión.