La legislatura provincial emitió este miércoles un dictamen para solicitar la suspensión por cuatro meses para el fiscal Matías Edery, acusado de encubrir a una mujer vinculada a la banda criminal Los Monos. La comisión bicameral de Acuerdos pidió esa sanción que ahora deberá ser debatida en pleno de las Cámaras de Diputados y Senadores.

La acusación contra Edery, antiguamente a cargo de la Unidad de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, continuará debatiéndose en la legislatura santafesina para determinar si finalmente será sancionado. La comisión bicameral de Acuerdos emitió este miércoles un dictamen para solicitar cuatro meses de suspensión mientras se tramita en la Justicia su acusación por los vínculos con Mariana Ortigala, informante del fiscal posteriormente vinculada a la banda Los Monos.

El dictamen de la comisión integrada por diputados y senadores provinciales deberá ser debatido en el pleno de ambas Cámaras. Así, en una sesión conjunta, se decidirá si la sanción disciplinaria quedará firme o no.

Cómo se sigue tras el dictamen

En ese sentido se conoció que la reunión de la Asamblea Legislativa que definirá la situación de Edery está prevista para el 11 de abril. En marzo pasado el fiscal había sido suspendido de manera provisoria mientras se prolongara el proceso disciplinario al que está sometido. Además, los legisladores habían decidido la reducción a la mitad de su sueldo y la prohibición de ingresar a cualquier dependencia del Ministerio Público de la Acusación.

Edery, a cargo de las investigaciones más resonantes sobre el crimen organizado en Rosario, había sido denunciado en septiembre pasado por sus pares Pablo Socca y Miguel Moreno. Los funcionarios lo acusaron de encubrir a Ortigala a cambio de información que el fiscal utilizaba en sus causas, omitiendo datos que podían comprometer a la mujer antiguamente ligada a Esteban Alvarado y posteriormente a Los Monos.

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En paralelo al proceso disciplinario que se inició sobre Edery, la Justicia provincial avanzó en una causa por encubrimiento agravado, omisión de investigar, violación de medios de prueba y prevaricato. La investigación la llevan adelante María Laura Urquiza y Bárbara Ilera, de la Fiscalía de Santa Fe.