Política

El decreto sobre extinción de dominio llega al Congreso

El ministro del Interior afirmó que el gobierno trabaja para lograr consensos que permitan ratificar el DNU firmado por el presidente.

Viernes 25 de Enero de 2019

El ministro del Interior nacional, Rogelio Frigerio, afirmó ayer que el decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado esta semana por el presidente Mauricio Macri sobre extinción de dominio, para recuperar los bienes producto de delitos federales, irá al Congreso para su tratamiento.

El gobierno nacional, agregó el funcionario, está trabajando "para lograr consensos y ratificar el DNU de extinción de dominio en el Congreso".

"El DNU irá al Congreso, es algo que se discutirá con representantes de ambas Cámaras de cara a la sociedad, donde quedarán bien claras las posiciones y, si finalmente se sanciona, la Argentina podrá ratificar esta herramienta que ya está vigente", dijo.

"Es muy importante para la sociedad escuchar, ver las posiciones que tienen los distintos espacios políticos respecto de un tema tan importante", agregó Frigerio.

"Después de tres años, el presidente entendió que no podíamos esperar más, que necesitábamos de esta herramienta para recuperar lo que la corrupción les sacó a los argentinos, y estamos seguros de que lo vamos a conseguir", precisó luego el ministro.

"Hay más de $20.000 millones en proceso de ser recuperados y embargos que superan los $100.000 millones. Hablamos del equivalente a dos presupuestos de mi ministerio en obras públicas", destacó.

Por su parte, el ministro de Justicia nacional, Germán Garavano, dijo que el DNU sobre extinción de dominio "está operativo y funcionando". E indicó que se estima que "en marzo o abril empiecen a darse los primeros casos".

Garavano, en rueda de prensa tras la reunión del gabinete nacional encabezada por Macri en la Casa Rosada, precisó que el gobierno no tiene previsto enviar ese tema a sesiones extraordinarias del Congreso, como reclama un sector de la oposición.

Sí confirmó que el DNU fue enviado a la comisión bicameral del Congreso para su tratamiento, como ocurre con todos los decretos de necesidad y urgencia que dicta el Ejecutivo.

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