Política

El Consejo de la Magistratura pidió la declaración jurada del juez Ballestero

El magistrado es uno de los camaristas que ordenó la liberación de Cristóbal López. Se vincula su fallo a una "retribución económica"

Viernes 06 de Abril de 2018

La comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura solicitó ayer las declaraciones juradas, tanto públicas como privadas, del juez federal Jorge Ballestero, uno de los camaristas que ordenó la liberación del empresario Cristóbal López.

Es en el marco de la denuncia iniciada por la diputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien le pidió al organismo que investigue si hubo "intereses económicos" detrás de la sentencia que benefició al dueño del Grupo Indalo.

Con este pedido, el Consejo inició con las medidas de prueba para avanzar en la causa contra los jueces Ballestero y Eduardo Farah, el otro integrante de la Cámara Federal que falló a favor de López al cambiar la carátula de la causa en su contra.

La solicitud de las declaraciones juradas fue realizada por el diputado del PRO Pablo Tonelli durante la reunión que mantuvieron ayer los miembros de la comisión.

El legislador macrista fue elegido como consejero instructor de la denuncia de Carrió la semana pasada, durante un sorteo que se realizó minutos después de finalizada la sesión extraordinaria convocada por el plenario del organismo.

Será Tonelli quien deba llevar adelante las investigaciones correspondientes y luego elaborar un dictamen, en el cual puede solicitar diferentes sanciones disciplinarias para los jueces o desestimar el caso.

En su denuncia contra los jueces Carrió había hecho referencia a "la compra de un dúplex" por parte de Ballestero en la avenida Figueroa Alcorta, el que se habría adquirido —sostuvo— con un "crédito simulado".

"Solicito que se realicen las investigaciones necesarias a fin de establecer la posibilidad de que ese decisorio voto pudiera haber estado influido por razones que podrían estar vinculadas con intereses económicos del magistrado", señaló la diputada.

La líder de la Coalición Cívica también había pedido al Consejo de la Magistratura que se investigaran posibles lazos entre el Casino de Puerto Madero (propiedad de Cristóbal López) y un empleado del juez Eduardo Farah.

Los jueces también tienen otra denuncia en su contra en el Consejo, iniciada en este caso por una presentación de la Corte Suprema de Justicia: los cinco ministros del máximo tribunal le solicitaron al organismo que investigue el proceso a partir del cual Farah fue convocado para integrar momentáneamente la Sala I de la Cámara Federal con el objetivo de desempatar la votación sobre el futuro de López.

Al hacer su descargo ante el Consejo de la Magistratura, Ballestero había defendido el mecanismo utilizado para integrar la sala que resolvió la excarcelación y el cambio de carátula de la causa por la cual el líder del Grupo Indalo esta acusado de no haber tributado 8 mil millones de pesos en impuestos de la empresa Oil Combustibles.

La lupa está puesta en la designación de Farah como tercer integrante: el fallo de la Sala I había sido dividido, ya que Leopoldo Bruglia se opuso, mientras que Ballestero se pronunció a favor de la liberación, lo que obligó a recurrir a un tercer magistrado para desempatar, Farah, integrante de la Sala II, quien resolvió en favor de las liberaciones de López y de su socio Fabián de Sousa.

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