Política

El Banco Nación avanzó con otra denuncia penal contra Vicentin

La entidad, principal acreedora de la cerealera en default, solicitó investigar el controvertido balance de 2019. Es una pieza clave para la reconstrucción de la crisis de la agroexportadora

Miércoles 21 de Octubre de 2020

El Banco Nación (BNA), principal acreedor en el concurso preventivo de Vicentin, presentó una nueva denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe con el objetivo de que se investigue un eventual balance falso a manos de la agroexportadora en default. Días atrás, entidades crediticias extranjeras habían accionado judicialmente contra la empresa por el presunto delito de estafa.

En rigor, el BNA ya había adelantado que avanzaría con otra denuncia una vez que la asamblea de accionistas de Vicentin aprobara el polémico balance 2019, pieza clave para la reconstrucción de la debacle del gigante cerealero. El trámite se cumplió una semana atrás, junto al respaldo al nuevo directorio de la compañía.

Apenas notificado del balance de Vicentin, el Banco Nación solicitó su análisis al estudio legal Abelovich & Asociados, que interviene en todos los conflictos judiciales relacionados con la agroexportadora en los que la entidad es parte. Y las conclusiones de los abogados sustentaron la presentación del escrito.

Según consta en la denuncia —a la que accedió La Capital— presentada ante Mariela Jiménez, fiscal de Delitos Complejos (Regional 1), la rendición de cuentas “muestra un agudo deterioro que pone en ciertas dudas la información al 31 de julio de 2019 preparada por la compañía para presentar a los bancos extranjeros”.

Para el BNA, está “ampliamente justificada la necesidad de una investigación” del accionar de Vicentin, tanto por la “carga legal” que pesa sobre la entidad (obligación de denunciar de todo funcionario público) como por “varios hechos largamente difundidos y que obligan a poner en tela de juicio la sinceridad del balance en cuestión”.

Asimismo, el Banco Nación sumó al magistrado Civil y Comercial N° 2 de Reconquista, Fabián Lorenzini, a la lista de objeciones. “Se ubica en primerísima fila la cuanto menos llamativa actitud de la empresa de solicitar la formación del concurso preventivo de acreedores prescindiendo de la pieza documental más importante al efecto: su último balance. Más llamativo resultó advertir que el juzgado interviniente no opusiera reparos frente a semejante anomalía”, indicó la denuncia.

El BNA también solicitó a la fiscal que disponga un peritaje contable y una auditoría para determinar si el balance 2019 de Vicentin se ajusta a la normativa vigente. Ahora, Jiménez deberá resolver si abre una investigación. En caso de haber culpables, les correspondería una pena de prisión de entre seis meses y dos años.

Carlos Del Frade, diputado provincial (Frente Social y Popular) que integra la comisión de Seguimiento de Vicentin, sostuvo que la denuncia del Nación “no hace más que confirmar la documentación remitida en su momento por productores y bancos internacionales afectados por la estafa”.

“Demuestra que Vicentin comenzó a falsificar documentación a partir de 2017 para recibir la mayor cantidad de millones de dólares posible en créditos bancarios locales e internacionales y del cereal enviado por los productores, con la connivencia de los organismos de control”, completó el legislador.

En ese sentido, los diputados que integran la comisión especial se entrevistaron el martes pasado con el fiscal rosarino Miguel Moreno, quien inició una investigación que apunta a determinar si el default en el que cayó la agroexportadora fue consecuencia de maniobras ilícitas encaradas por los directivos renunciantes.

Los legisladores accedieron a documentación relevante que define al período 2017/2019 como el de mayor fuga de capitales de la empresa, merced a “un sistema de construcción de información falsa” destinado a encubrir las supuestas irregularidades.

Frentes abiertos

Paralelamente, otros dos fiscales del fuero federal trabajan en causas contra Vicentin: Gerardo Pollicita (Comodoro Py 2002) y Roberto Salum (Reconquista). El primero investiga los créditos del Banco Nación otorgados a la firma en 2019 y el segundo sigue la pista (alimentada por la denuncia de un grupo de acreedores comerciales) del posible vaciamiento de la compañía a través de paraísos fiscales.

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