En la segunda jornada de la Semana Social de la Iglesia, que se realiza hasta hoy en Mar del Plata, dirigentes sociales, políticos y empresarios participaron de debates que tuvieron como eje problemáticas de alto impacto en la sociedad, como “Corrupción y transparencia en la administración pública” —donde hubo fuertes críticas al gobierno—, “Marginalidad y pobreza” —se llamó a “recuperar la cultura del trabajo”— y “Drogadicción y dependencia”, panel en el que se insistió en la debilidad del Estado para combatir el narcotráfico.
En el encuentro, que se desarrolla en el espacio tradicional de diálogo y discusión, organizado por la Comisión Episcopal de Pastoral Social (Cepas), hubo críticas al Indec al asegurar que los datos que difunde el organismo “no son transparentes y son mentirosos de la realidad argentina”. Además, se calificó como “inadmisible” que el vicepresidente, Amado Boudou, se mantenga en su cargo.
En el panel que puso en foco a la administración pública, el profesor de ciencias políticas y asesor del GEN, Alberto Föhrig, indicó que “en estos 32 años de vuelta de la democracia tiene contados los dedos de las manos casos resueltos de corrupción, lo que indica un problema severo de impunidad”.
Además, calificó como “inadmisible que actores principales del poder con denuncias, indagatorias y eventuales condenas de hechos graves de corrupción”, como Boudou, “sigan en su puesto”.
Adriana Amado, presidente en Centro para la Información Ciudadana, dijo que la corrupción “es una cuestión estructural, pero también es cultural y en la medida en que no se abra esa ventana que permita entender qué hacer con la corrupción, no lo vamos a entender”.
Por su parte, el secretario general de ATE porteño e integrante de la mesa directiva de la CTA, José Luis Matassa, cuestionó al Indec porque “ha sido teñido de corrupción a través de la intervención que hizo el gobierno nacional”.
“En estos ocho años todos los índices que se han dado a conocer no son transparentes y son mentirosos de la realidad argentina”, aseguró.
Falencia estructural. En el marco del debate sobre “Marginación y pobreza”, el secretario de Acción Social de la CGT, Jorge Sola, aseguró que “Argentina padece una pobreza estructural” que “ya no es transitoria sino que se transforma en un núcleo duro”, y consideró que “el trabajo genuino” es “la solución al problema de la pobreza” porque “el trabajo es el gran ordenador social”.
“Hay que recuperar la cultura del trabajo; hay tercera generación de planes sociales, que no pueden ser eternos, porque son paliativos para una coyuntura. Si se eternizan no estamos dando herramientas para salir de esta generación”, explicó Sola.
En tanto, el precandidato a vicepresidente por la Coalición Cívica, Héctor Flores, dijo que “no hay dudas de que existen pobres en la Argentina” y que para verlos “hay que transitar los conurbanos”.
“Hemos pasado de una cultura del trabajo, a una cultura de la supervivencia, del vivir el día a día. Y de esa cultura, hoy se llega a la de la marginalidad”, consideró Flores.
Fabián Tarrío, de la Federación de Centros Comerciales a Cielo Abierto, dijo que “ser solidarios no pasa por donar bienes, pasa por el trabajo y la educación”.
Ausencia del Estado. En el debate cobre drogadicción y narcotráfico, el ex jefe de la Policía Metropolitana porteña Eugenio Burzaco dijo que “en los últimos 15 años en Buenos Aires el aumento del narcotráfico fue constante”, y consideró que “hay una presencia débil del Estado y una fuerte presencia de narcotraficantes; en Argentina hay facilidad de lavado de dinero y los organismos de control como la Sedronar, tienen muchas carencias”.
Alfredo Pou, de la CGT Mar de Plata, indicó que “el consumo y el problema de drogadicción y narcotráfico es un problema globalizado” y admitió que esta problemática “se acciona contra los más vulnerables: niños y jóvenes”.
Sobre las bases de la lucha, describió: “El trabajo digno es el medio para alcanzar el desarrollo personal y de la familia. Programas de empleo digno para la reinserción”.
Por último, Patricia Messio, de la Secretaría Asistencia y Prevención de Trata de Personas del Gobierno de Córdoba, sostuvo que “las víctimas son llevadas a ser adictos. Son vaciadas de derechos, por eso hay que hablar de inserción y no de reinserción, porque nunca pudieron insertarse”.