La Cámara de Diputados se encaminaba a votar durante la madrugada el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en una sesión especial que derivó en un debate histórico en el que las aguas están divididas de acuerdo a las convicciones personales de cada legislador.
Los diputados que impulsan el proyecto para la legalización del aborto confiaban en que superarán los 129 votos a la hora de la definición, un número suficiente para aprobar y girar la iniciativa al Senado.
El pleno del cuerpo comenzó a deliberar a las 11 de la mañana de ayer y tenía previsto agotar el debate cerca de las 4 de la madrugada de hoy para poner a votación el dictamen de mayoría emitido ayer por un plenario de cuatro comisiones.
Tras la votación del proyecto de legalización del aborto se comenzará a debatir el dictamen sobre el Plan de los 1000 días para la protección de la mujer embarazada y los primeros años de la infancia.
La sesión especial, impulsada por el jefe de bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, se desarrolló con multitudinarias concentraciones en las adyacencias del Congreso nacional, convocadas por los grupos verdes a favor del aborto y los celestes en contra.
A lo largo de la sesión —la primera presencial tras la pandemia— el presidente de la cámara, Sergio Massa, pidió que se cumplan los protocolos y los tiempos de oratoria.
Concurrieron a observar la sesión los ministros de Salud Ginés González García; de las Mujeres, Género, y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta; de Seguridad, Sabina Frederic; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; y la titular de Ansés, Fernanda Raverta.
El proyecto que se aprestaba a votar Diputados autoriza a realizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14.
Además, reconoce la objeción de conciencia de los profesionales que no quieran realizar esta práctica médica y establece que si una institución privada tiene todos objetores de conciencia debe derivar al paciente a otra sanatorio u hospital (ver aparte).
Como sucedió en otros debates históricos, como la ley del divorcio, el matrimonio igualitario, la ley de reproducción responsable, y el aborto en el 2018, las aguas se dividan no por afinidad política sino por las propias convicciones de cada legislador.
Los argumentos de quienes impulsaron la legalización del aborto subrayan que se trata de un problema de salud publica y una herramienta para terminar con los abortos clandestinos, mientras quienes se oponen dijeron que se deben salvar las dos vidas y que ese principio está contemplado en la Constitución nacional
Al abrir el debate como miembro informante del dictamen de mayoría, Cecilia Moreau (Frente de Todos-Buenos Aires) sostuvo que tanto el proyecto de legalización del aborto como el Plan de 1000 Días “promueven más justicia social y cuidan la salud entendida de manera integral”.
Moreau afirmó que ambas iniciativas “profundizan una política de salud pública que tiene como eje el acompañamientos de las mujeres y personas gestantes y garantiza básicamente el derecho a decidir, requerir y acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14 inclusive”.
La diputada del PRO, Carmen Polledo, defendió el dictamen de minoría de rechazo al aborto y señalo que la iniciativa busca la “eliminación de un ser que se está gestando en el vientre materno y allí hay vida”.
En su discurso, Polledo, vicepresidenta de la Comisión de Salud, consideró que “el embrión es un ser humano con ADN propio y por eso tiene derecho desde la concepción”.
El presidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin (Frente de Todos) sostuvo que el proyecto “no va contra de las creencias de nadie” y recordó que “hace 100 años que se decide condenar a las mujeres a la clandestinidad”.
Para la presidente de la comisión de Legislación Penal, Carolina Gaillard, se trata de “un día histórico para las mujeres de nuestro país”, y consideró que “no estaríamos acá sin la marea verde y sin la decisión política del presidente que tomó el tema como política pública”.