La Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción al proyecto de ley conocido como “ficha limpia” para candidatos a cargos electivos. La norma impide la postulación de aquellas personas que hayan sido condenadas judicialmente en segunda instancia por corrupción, robo, violencia de género, abuso sexual, delitos de lesa humanidad y lavado de dinero.
En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, la legisladora Ximena Sola (JxC) contó este viernes que “ficha limpia es un movimiento ciudadano que nació en 2018, y busca transparentar los procesos de elección de los candidatos. Antes que una persona vaya a las urnas en una lista de candidatos, se debe chequear si posee condenas por delitos”.
Sola contó que una de los puntos que se incorporó en la sesión de ayer a su proyecto “fue una propuesta de los diputados Rubén Giustiniani y Agustina Donnet para agregar dos delitos más, como los de lesa humanidad y los económicos, como lavado de dinero. Lo que se busca es transparentar aún más los procesos electorales. Ahora esperemos que el Senado provincial apruebe esta iniciativa que es algo que esperan los ciudadanos”.
“Hay provincias como Mendoza, Chubut y Salta que tienen su ficha limpia. Y Santa Fe, que siempre fue un ejemplo de transparencia en las instituciones, debe contar con esta importante norma ”, añadió.
La diputada de Juntos por el Cambio remarcó que si se aprueba finalmente esa ley ninguna persona que tenga sentencia judicial confirmada en segunda instancia podrá presentarse como candidato ni podrá ocupar cargos políticos.
“Muchos opinan que este proyecto es inconstitucional y que viola el principio de inocencia. En realidad, no va en contra de ningún artículo de la Constitución Nacional porque la Carta Magna establece el principio de idoneidad para aquellos que quieran ocupar cargos políticos. Es decir ya está estipulada esa cuestión, si alguien tiene antecedentes penales no es idóneo”, subrayó.
“Además -detalló- la reforma de la Constitución Nacional del año 1994 incorporó un artículo que dice que quedarán inhabilitadas de competir aquellas personas que cometan un delito que conlleva un enriquecimiento. No hay que olvidar que nuestro país adhiere a pactos internacionales en la lucha contra la corrupción. Una persona que tiene sentencia firme en segunda instancia es suficiente para que no pueda postularse a ningún cargo público o político”.
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