Después de aceptar cambios propuestos por la oposición, el gobierno de Alberto Fernández consiguió dictamen para el proyecto de jubilaciones especiales y la norma se debatirá hoy en la Cámara de Diputados nacional.
exposición. Moroni y Casaretto, ayer en la Cámara baja.
Después de aceptar cambios propuestos por la oposición, el gobierno de Alberto Fernández consiguió dictamen para el proyecto de jubilaciones especiales y la norma se debatirá hoy en la Cámara de Diputados nacional.
La modificación es en uno de los artículos vinculado al cálculo de la movilidad de los regímenes especiales del Poder Judicial y del servicio exterior.
En ese sentido, confirma que los magistrados que cumplen los requisitos para jubilarse hasta tanto no se sancione la nueva ley, incluso cuando no hayan iniciado el trámite, "conservarán sus derechos".
El anuncio corrió por cuenta del secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Luis Guillermo Bulit Goñi, quien, pasadas las 14, expuso ante el plenario de las comisiones de Presupuesto y Previsión y Seguridad Social, junto al titular de la cartera, Claudio Moroni, y el jefe de la Ansés, Alejandro Vanoli.
En rigor, se trata de uno de los puntos pedidos por el interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) y por las asociaciones de magistrados y fiscales, que desde la semana pasada activaron un fuerte lobby frente a la iniciativa que recorta las jubilaciones especiales.
"Son innumerables los magistrados que, al cumplir los 60 años y cumpliendo los requisitos necesarios, iniciaron el trámite de jubilación, han obtenido el beneficio y suspendieron hasta el momento que ellos deciden cesar (su trabajo). Los que no hicieron ese trámite, pero hasta el día anterior a la promulgación de esta ley cumplen con los requisitos de la norma vigente, conservarán sus derechos. No están afectados", indicó Bulit Goñi frente a la insistencia de los diputados Alejandro Cacace (autor de un proyecto alternativo) y Pablo Tonelli, de Juntos por el Cambio.
Bulit Goñi aseguró que la cuestión está contemplada en el mensaje de elevación del proyecto enviado hace dos semanas por la Casa Rosada. Sin embargo, rechazó incorporar la cláusula pedida por el macrismo por escrito en el texto.
Según el interbloque opositor, hay 280 magistrados y 60 fiscales listos para jubilarse. "Se plantea eso para que no debilitar el sistema de justicia y la consiguiente parálisis de los tribunales", explicaron en Juntos por el Cambio tras la reunión de la bancada, antes del plenario. Y señalaron, en ese sentido, que la negativa del Ejecutivo a incluirlo por escrito en el proyecto despertaba "sospechas".
"La intención es modificar un régimen que es imprescindible para comenzar a tener un sistema de seguridad social solidario. Es necesario explicar lo que me parece raro", retrucó Bulit Goñi tras la repregunta de uno de los legisladores de la UCR.
En la oposición, que anoche debatía la estrategia de cara a la sesión entre los bloques del PRO, la UCR y la Coalición Cívica (CC), exigen que la cláusula esté incluida sí o sí por escrito.
Incluso, Mario Negri, Cristian Ritondo y Maximiliano Ferraro mantuvieron una breve reunión con Sergio Massa y Máximo Kirchner. El titular de la Cámara baja y el jefe del bloque oficial quedaron en responder si incluían o no la cláusula.
El oficialismo, en tanto, sí aceptó algunas modificaciones. Una de ellas en torno al cálculo de la movilidad, que pasa al 82 por ciento móvil del promedio de las remuneraciones de los últimos diez años.
El gobierno suspendió, además, el cambio en la edad jubilatoria de las mujeres, que queda en 60. También suprimió el pasaje que daba cuenta de que los jueces o fiscales debían tener "veinte años, como mínimo", para acceder al "régimen de reciprocidad jubilatoria": hacen falta sólo quince discontinuos o diez continuos.
Por su parte, Moroni subrayó que podían trabajar en un "fondo compensador" para trabajadores de menores rangos que no están contemplados en el proyecto oficial, uno de los pedidos de los gremios, encabezados por Julio Piumato (ver aparte).
Vanoli fue uno de los más enfáticos en la defensa del proyecto. "Hablamos de 293 mil pesos del Poder Judicial nacional y de 339 mil de los funcionarios del servicio exterior. Diez a quince veces del haber medio de los regímenes especiales sobre el general", argumentó el titular de la Ansés.
Paralelamente, el fiscal federal Federico Delgado consideró que las renuncias en el Poder Judicial que podrían producirse en caso de que prospere la iniciativa para modificar las jubilaciones del sector "serían una oxigenación que no vendría mal". Y evaluó que esos eventuales retiros son "parte del juego de la democracia".