Diputados debate barreras al ingreso de genocidas

La resolución de la Corte Suprema de avalar la incorporación de Luis Patti como diputado nacional abrió la puerta para que la Cámara baja comience a debatir un conjunto de proyectos que buscan impedir que acusados de delitos de lesa humanidad o funcionarios de la última dictadura militar puedan ejercer cargos públicos.

En ese marco, los diputados votaron el miércoles una preferencia para debatir un proyecto presentado por Miguel Bonasso, impulsado hace ya más de dos años, que se suma al formalizado esta semana por la diputada Victoria Donda.

Tras ese paso, ambos textos podrían ser analizados ahora en las próximas semanas por la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside la diputada kirchnerista Graciela Camaño, donde se daría el debate en torno a la situación planteada con Patti en 2006, cuando los diputados impidieron que asumiera su banca. Otra de las comisiones donde se podría plantear el tema es en la de Derechos Humanos, que preside el kirchnerista Remo Carlotto.

Es que, la intención de los diputados de avanzar en ese camino surgió un día después de que se conociera la decisión de la Corte Suprema de avalar un fallo que habilitaría a asumir su banca a Patti y tras la posición de las autoridades del cuerpo de ratificar su potestad de juzgar la conducta de sus pares.

En ese sentido, Camaño confirmó que la próxima semana se conformará una subcomisión —integrada por diputados de todos los bloques— que analizará proyectos vinculados con el tema electoral y, en ese marco, se podría debatir la iniciativa de Bonasso y otras similares.

"Este proyecto viene a esclarecer una situación que para los diputados está muy clara y para algunos integrantes de la Corte no", sostuvo Camaño, quien recordó que la Carta Orgánica del Partido Justicialista establece "claramente" esa inhabilitación para acusados de delitos de lesa humanidad. El oficialismo busca un marco legal para impedir que se repitan situaciones como la planteada con Patti y evitar que personas acusadas de violaciones de derechos humanos puedan ser candidatos u ocupar cargos públicos.