Viernes 22 de Octubre de 2021
La Cámara de Diputadas y Diputados provincial convirtió ayer en ley el proyecto de conectividad, que apunta a dotar a todo el territorio santafesino del servicio de internet. Después de más de un año de espera para la Casa Gris, la iniciativa —que había tenido media sanción del Senado en octubre de 2020— cosechó el aval de la mayoría del arco político y la abstención de once legisladores.
De ese modo, la ley beneficiará a aproximadamente 3 millones de personas y el programa, con un plazo de ejecución de cuatro años, alcanzará a todas las ciudades y comunas santafesinas.
El oficialismo logró sancionar un endeudamiento por 100 millones de dólares con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para el financiamiento del programa de Inclusión Digital y Transformación Educativa “Santa Fe + Conectada”. Los sectores políticos que se abstuvieron en la votación están encabezados por Maximiliano Pullaro (UCR Evolución) y Amalia Granata (Somos Vida).
La ley no había podido avanzar en la Cámara baja a raíz de la polémica entre el oficialismo y la oposición respecto del monto total de la inversión prevista: 124 millones de dólares, de los cuales 100 millones llegarían a la provincia a través de un crédito externo.
Pero el acuerdo con los diputados para lograr el tratamiento del proyecto se alcanzó el miércoles pasado, durante una reunión que mantuvo el ministro de Gestión Pública provincial, Marcos Corach, con la comisión de Asuntos Constitucionales.
Los integrantes de la comisión le acercaron al funcionario los resultados de las audiencias públicas realizadas en la Cámara baja, en el marco del debate sobre el proyecto de ley. Y la Casa Gris asumió el compromiso de sumar esa información a la iniciativa, una vez aprobada.
De la reunión participaron también el secretario de Gobierno de Santa Fe, Oscar Urruty, y los diputados provinciales oficialistas Leandro Busatto y Luis Rubeo, los frentistas Joaquín Blanco, Esteban Lenci y Gisel Mahmud, Ariel Bermúdez (Creo) y Alejandro Boscarol (Juntos por el Cambio, JxC).
Satisfacción
Vía Twitter, el gobernador Omar Perotti aseguró: "Vamos a recuperar el tiempo perdido y construir un futuro con mejores oportunidades para cada santafesino y santafesina".
“Dimos un enorme paso hacia el futuro. La ley es un punto de partida para la alegría de los miles que verán cómo su vida cambia para bien”, tuiteó Corach acerca de la votación en Diputadas y Diputados.
A su turno, el diputado provincial del PJ Ricardo Olivera subrayó: “Es una política de Estado que conectará a 200 localidades directas y 165 de modo indirecto, además de 164 barrios populares y escuelas”.
El programa favorecerá la inclusión de la población santafesina en el mundo digital bajo estándares de calidad, optimización del uso del espectro radioeléctrico y capacitación e investigación en tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs).
“Santa Fe + Conectada” requiere para su implementación un monto de 124.670.000 de dólares. De ese total, 100 millones (aproximadamente el 80 por ciento) serán cubiertos por el Banco de Desarrollo de América Latina.
Los 24.670.000 de dólares restantes serán afrontados por el Estado santafesino con recursos propios. La ley que aprobó la Cámara baja autoriza, precisamente, al gobierno de Perotti a tomar esa deuda.
“Santa Fe + Conectada” permitirá reducir la brecha tecnológica —mostrada exponencialmente durante la pandemia— a través del tendido de más de 4 mil kilómetros de fibra óptica, llegando a 365 localidades de la provincia (200 con banda ancha y 165 mediante radio enlace).
Actualmente, el 72 por ciento de las escuelas santafesinas no posee conexión a internet para uso pedagógico, lo que representa el 54% de los alumnos de la provincia.
Con “Santa Fe + Conectada” se ampliará y modernizará la infraestructura del sistema de conectividad para promover la inclusión digital, la transformación educativa y la reducción de brechas tecnológicas, productivas y de género con un desarrollo sustentable.
Fundamentos
En su momento, la ministra de Educación provincial, Adriana Cantero, había afirmado que extender la conectividad es “un derecho que cumpliría con una premisa de justicia social”.
"Si bien es cierto que la educación virtual no es una modalidad, es muy cierto también que se transforma en un recurso estratégico fundamental para mediar otros modos de aprender, de construir el aprendizaje y facilitar el acceso a las competencias fundamentales, con criterios de igualdad y justicia curricular”, concluyó.
Tras la votación, la frentista Clara García indicó: “Quiero creer en la institucionalidad pero seremos celosos guardianes del cumplimiento de los compromisos. Votamos la deuda porque será buena para la gente y no la pagara esta gestión sino la que vuelva”.
A su turno, el radical en el FAP Fabián Palo Oliver instó a avanzar con “una ley que regule la actividad como servicio público y que proteja a los cableoperadores”.