Política

Diputados aseguran que Vicentin planificó un vaciamiento desde 2015

El cuerpo especial de legisladores reforzó su embestida contra el directorio de la cerealera en concurso preventivo de acreedores.

Jueves 13 de Agosto de 2020

El futuro del conglomerado industrial de productos primarios de exportación Vicentin, con sede en la ciudad santafesina de Avellaneda y uno de los más importantes del país, sigue siendo incierto, mientras crece el temor por la pérdida de los miles de puestos de trabajo que dependen de una empresa sumamente endeudada, concursada y, al parecer, con destino de quiebra tras el fracaso de loso intentos oficiales de salvataje.

   La preocupación por la suerte los empleados y proveedores (una importante cantidad de cooperativas de la provincia) fue ratificada ayer por la totalidad de los miembros de la comisión de Seguimiento de la Causa Vicentin que en la Cámara de Diputados santafesina, que integra un miembro de cada bloque parlamentario y que se reunió para dar a conocer su segundo informe.

   La comisión ya había brindado un primer informe el 5 de junio pasado, que también fue rubricado de forma unánime por la totalidad de sus doce integrantes. En esa oportunidad, fue dado a conocer con anterioridad al DNU del presidente Alberto Fernández que planteó la intervención y la posibilidad de que, al cabo de 60 días, el Congreso nacional discutiese la expropiación de la firma.

   El segundo informe, que también será ingresado en la sesión de hoy de Diputados, salió a la luz a pocos días de que el presidente dicte otro DNU derogando el anterior, poniendo fin a la intervención de Vicentin

   El dossier detalla las acciones de los legisladores, que van desde entrevistas con Mariano Moyano, quien hizo las denuncias ante los tribunales de Asunción (Paraguay) y Nueva York (Estados Unidos), hasta el informe del fiscal federal Gerardo Pollicita planteando la requisitoria y el pedido de inhibición a los directivos, la presentación de la IGPJ santafesina, los informes del Banco Nación (BNA) sobre movimientos de dinero y potenciales destinos de depósitos (no se saben dónde están porque no hay balance) y la reunión con el gobernador Omar Perotti.

   “Todas esas cuestiones fueron minuciosamente evaluadas y ratificamos que la comisión tiene ahora más vigencia que nunca”, dijo a La Capital el diputado Luis Rubeo (PJ), titular de la comisión, quien ratificó el mandato que rige al cuerpo especial: la defensa de los trabajadores, la no extranjerización de la empresa y saber dónde está plata.

   Además de ratificar que la comisión seguirá trabajando, Rubeo confirmó la petición de cuatro audiencias: “Una con Pollicita, quien nos dijo que le elevemos un cuestionario que está dispuesto a responder, y otra con juez de Reconquista Fabián Lorenzini, a cargo del concurso de acreedores, porque tenemos muchas dudas sobre su idoneidad al fijar la administración de grupo en manos de las mismas personas que lo llevaron al colapso. Las otras dos audiencias gestionadas son con los síndicos y el juez federal de Reconquista (Aldo Alurralde), a quien su par Ercolini derivó las actuaciones”.

   El diputado radical Fabián Palo Oliver especificó su convencimiento y el de muchos de sus pares en cuanto a que “la presentación que hizo la provincia se ajusta a Derecho y viene a saldar todas las dudas que había respecto del decreto presidencial y la constitucionalidad o no de la intervención. Lorenzini tendrá que resolver y, desde ese momento, se verá si comienza otro capítulo”.

   “Lo cierto es que la intervención propuesta por los gobiernos nacional y provincial se dio en una instancia de diálogo, con un preacuerdo con la empresa, trabajando en la idea de un fideicomiso. Pero, lamentablemente, el plan fracasó porque la firma no quiso correrse de la administración ni poner dentro del fideicomiso los activos. Soy un convencido de que hay defraudaciones a los más de 2.600 acreedores, a los Estados nacional y santafesino y al BNA, y que los directores de Vicentin llevaron adelante maniobras con el objetivo de vaciar la empresa y llegar a la situación que estamos viviendo hoy”, completó.

   Para Rubén Giustiniani (Igualdad), “la defensa de los puestos de trabajo de Vicentin son una prioridad en un dramático contexto del país de pérdidas de fuentes de empleo diariamente producto de la crisis económica y la pandemia”.

   “El patrimonio del Estado, concretamente los 18.000 millones que la empresa le adeuda al Banco Nación, deben recuperarse para asistir a las pequeñas y medianas empresas de la ciudad y del campo”, añadió. E hizo una comparación que grafica la magnitud cuantitativa de lo que está en juego: “El ministro de Producción nacional, Matías Kulfas, anunció un programa de asistencia a las pymes de todo el país por 1.800 millones de pesos, diez veces menos de lo que Vicentin les debe a todos los argentinos”.

   Carlos Del Frade (Frente Social y Popular, FSP) enfatizó: “Los informes oficiales demuestran que Vicentin planificó el vaciamiento desde 2015 y fugó capitales. Y que los principales directivos, Sergio Nardelli, Alberto Macua y Máximo Padoán, tienen pedidos de inhibición de bienes porque, a través de 1.418 transferencias bancarias, pusieron millones de dólares del BNA en sus bolsillos. Y que la empresa tiene bienes para afrontar sus obligaciones”.

   El informe tiene medio centenar de fojas y, desde ayer, está a disposición de la prensa y la ciudadanía. Mañana será presentado en Rosario. “Es imperioso que los santafesinos y los argentinos lo conozcan”, concluyó Rubeo.

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