La más que polémica decisión del juez Rodolfo Mingarini de dejar en libertad a un hombre acusado de violación porque no entendía cómo pudo ponerse el profiláctico no sólo gatilló el repudio de la opinión pública santafesina: también reactivó la alianza entre diputadas de todo el arco político que traza estrategias comunes sobre diversos temas, especialmente los de género. Ayer, las legisladoras Gisel Mahmud, Lionella Cattalini y Lucila De Ponti se reunieron con el Procurador General de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Jorge Barraguirre, y reforzaron el reclamo de sanciones para el magistrado.
El escándalo que desató la semana pasada Mingarini con su medida trascendió las fronteras de la provincia y reavivó el debate sobre la falta de perspectiva de género de los jueces.
Mientras tanto, el viernes pasado el caso tuvo sus ramificaciones en la Justicia santafesina. Ese día, el máximo tribunal abrió un proceso interno y designó a Alejandro Tizón como juez a cargo de la investigación, y 20 diputadas presentaron una carta a Barraguirre en la que señalan que la decisión de Mingarini refleja “la carencia de aptitud esencial en el ejercicio de la función judicial”.
Firmaron, además de Mahmud, Cattalini y De Ponti, las diputadas Erica Hynes, Silvana Di Stefano, Claudia Balagué, Clara García Alonso, Damaris Pacchiotti, Matilde Bruera, Paola Bravo, María Laura Corgniali, Georgina Orciani, Silvia Ciancio, Lorena Ulieldin, María Ximena Sola, Mónica Peralta, Betina Fiorito, Rosana Bellatti, Cesira Arcando, y Agustina Donnet.
“Pedimos que se recabe información y se dispongan las sanciones correspondientes, la Procuración tiene la potestad de tomar medidas administrativas o iniciar el proceso de jury de enjuiciamiento para jueces de primera instancia, que se rigen por la ley 7.050”, explicó Mahmud.
Las diputadas advierten que Mingarini tiene varios antecedentes de decisiones de este tipo. Por ejemplo, en marzo del año pasado un hombre le arrojó una olla de agua hirviendo a su pareja, en la localidad de Santo Tomé. Como ahora, el magistrado lo dejó en libertad.
Mingarini también integró el tribunal que juzgó al boxeador Carlos Baldomir y le dio una condena de 18 años de prisión por el abuso de su hija. En ese momento, el juez pidió una pena menor: 12 años.
Las legisladores destacan el caso del juez de Vera Nicolás Muse Chemes, destituido en 2019 por incumplimiento de sus obligaciones legales, ignorancia del derecho y trato degradante contra niñas y adolescentes que habían sido víctimas de abusos.
De Ponti entiende que en el caso de Mingarini la Justicia está avanzando. “Vamos a esperar que ellos hagan la presentación del jury”, indicó.
Más allá del caso particular, las diputadas alertan que el Poder Judicial es el más reacio a implementar la ley Micaela, que establece una formación obligatoria y permanente de funcionarios de los tres poderes del Estado en perspectiva de género y derechos humanos. Y a medida que se asciende en la pirámide de la Justicia, deslizan, la resistencia es mayor.
“Venimos presentando pedidos de informes para saber el grado de aplicación de la ley Micaela en el Poder Judicial pero con la pandemia dejamos de recibir información, y hasta ahora no tuvimos respuesta”, alertó De Ponti.
El juez Rodolfo Mingarini, en el ojo de la tormenta por sus fallos judiciales en casos de violencia de género
Transversalidad
Además de la presentación ante Barraguirre, las diputadas firmaron un proyecto de repudio a la decisión de Mingarini que será tratado hoy en el recinto.
La coordinación de 20 legisladoras de bancadas que defienden posturas tan diferentes en la Cámara baja puede resultar llamativa en la cada vez más agrietada escena política santafesina.
Sin embargo, no es este el primer caso: la sanción en octubre del año pasado de la ley de paridad de género fue el resultado de un largo trabajo multipartidario y con vínculos fluidos entre la Legislatura y el movimiento feminista.
“Tiene que ver con un cambio social”, opinó Mahmud. Y añadió: “La dinámica de trabajar de manera transversal e intergeneracionalmente es una dinámica que aprendimos del movimiento de mujeres, del cual también somos parte. Entendemos que hay que luchar en unidad y apoyarnos mutuamente, más allá de diferencias partidarias”.
“Las mujeres todavía tenemos una situación de desigualdad muy latente en los espacios donde se toman las decisiones más importantes, construir alianzas entre nosotras es una estrategia positiva para ganar fuerza”, subrayó De Ponti.
En este camino, la diputada y referente del Movimiento Evita indicó que si hay consenso entre todos los bloques en la sesión de hoy en Diputados podría saldarse una deuda de la Cámara baja: la creación de la comisión parlamentaria de Mujeres y Géneros.