Diferencias de criterio frenan en Diputados la aprobación de una ley contra los barras

Diputados del oficialismo y de la oposición continuarán la semana próxima analizando el proyecto para agravar las penas a los barrabravas que cometan actos de violencia en los estadios de fútbol con el objetivo de mejorar su redacción respecto a las escalas penales, iniciativa que sería finalmente debatida en una sesión especial prevista para el 18 de diciembre, dos días antes de que concluya el período extraordinario de sesiones.

Por eso, fuentes parlamentarias pusieron en duda que el texto (que debe pasar aún por el Senado para ser ley este año) pueda tener un rápido trámite y sanción definitiva de la Cámara alta antes de fin del período extraordinario de sesiones convocado por el gobierno y que concluye el 21 de diciembre.

Ante esta posibilidad, las fuentes no descartan que el tema sea tratado recién el año próximo por el Senado, o bien en febrero si hay una nueva convocatoria a extraordinarias antes del inicio de las ordinarias, el próximo 1º de marzo.

Si bien el oficialismo logró obtener dictamen y tenía la intención de debatirlo en el recinto ayer, luego de varias idas y vueltas, aceptó las propuestas de varios bloques de la oposición, e incluso de algunos del propio Cambiemos, de postergar su debate para mejorar la redacción de las escalas penales e incorporar cuestiones vinculadas a la prevención de este tipo de delitos.

Al promediar la sesión, el presidente de Diputados, Emilio Monzó, anunció que los bloques políticos habían acordado postergar el tratamiento para lograr mayores consensos, iniciativa que estaba incluida en el temario del plenario, y que había sido incorporada por el gobierno en la convocatoria a sesiones extraordinarias.

La decisión se adoptó luego de varias reuniones que mantuvieron, incluso en plena sesión, la presidenta de la comisión de Legislación Penal, la radical Gabriela Burgos (UCR-Jujuy), junto al vicepresidente del cuerpo, Luis Petri (UCR), a lo largo de toda la jornada, y con su par de Deportes, Daniel Scioli, la massista Carla Pitiot, el cordobés Juan Brugge y la peronista Carolina Moisés, quiénes coincidieron en tomarse unos días para revisar el texto que se discutirá en el recinto de sesiones el próximo 18.

"Estuvimos cerca de acordar un texto, pero aún existen diferencias entre los que creemos que los delitos que involucran barras no deben ser excarcelables por la violencia y el peligro que entrañan y quiénes sostienen que deben estar más próximos a una sanción contravencional. Esperamos poder avanzar en la próxima semana para llegar al 18 con un texto consensuado", confió Petri.

Pitiot, una de las diputadas que estuvo en las conversaciones, también destacó el "compromiso" de todos los bloques de debatirlo el próximo 18 de diciembre y sostuvo que "vamos a hacer lo posible para llegar a una redacción acorde que nos permita sacar la mejor ley. Pero tenemos que ser cuidadosos con las escalas penales para que no queden desproporcionadas respecto al Código Penal".

Para ello, los diputados continuarán trabajando a partir del martes con asesores en el dictamen firmado ayer para incorporar, pero ya en el recinto, algunas de las propuestas de otros bloques, para llegar a la sesión con los cambios ya acordados y poder aprobarlo con mayores respaldos.

El dictamen de mayoría consensuado entre Cambiemos y la oposición disminuye las penas previstas en el proyecto enviado por el gobierno para adaptarlo al anteproyecto de Código Penal, que diseñó una comisión de expertos junto al ministro de Justicia, Germán Garavano.

Faltas y penas

El despacho establece que la venta de entradas falsas tendrá una pena de 6 meses a 2 años, mientras que se dispone prisión de 2 a 8 años si el delito fuese cometido por un organizador, protagonista o integrante de un grupo.

El proyecto fija penas de 6 meses a 2 años de prisión —si no resultare un delito más severamente penado— al que tuviere en su poder objetos cortantes, instrumentos contundentes, artefactos químicos, de pirotecnia, inflamables, asfixiantes o tóxico; o cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para intimidar, ejercer violencia o agredir.

Establece por otra parte penas de 2 a 6 años de prisión para el que introdujere armas de fuego o artefactos explosivos sin la debida autorización.

Respecto a los cuidacoches (también llamados trapitos), la iniciativa establece prisión de 1 a 6 meses a la persona que, cuando se desarrollen partidos de fútbol, ofrezca el servicio de cuidado de vehículos sin autorización, con pago a voluntad, en las inmediaciones del estadio, hasta dos 2 kilómetros de distancia, mientras que la pena será de prisión de 2 a 4 años cuando esa actividad se desarrollare con exigencia de una suma de dinero, fija o variable.