Dictaron sentencia en el caso Brusa con penas de 19 a 23 años de prisión

La justicia condenó al ex juez federal Víctor Hermes Brusa a 21 años de prisión y los ex policías Juan Calixto Perizotti, a 22 años; a María Eva Aebi, a 19; a Mario Facino, a 20 años; a Héctor Colombini y a Eduardo Ramos, a 23 años al encontrarlos penalmente responsables de delitos de lesa humanidad perpetrados durante la pasada dictadura militar.

En algo más de media hora el presidente del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, Roberto Manuel López Arango, flanqueado por sus conjueces, Andrea Alberto de Creus y Carlos Renna, leyó ayer la sentencia del primer juicio por terrorismo de Estado en la provincia, cuyos fundamentos se conocerán el 15 de febrero.

En las afueras de la sala del microcentro capitalino se juntaron unas 1.000 personas, entre familiares de víctimas, organismos de derechos humanos, organizaciones civiles y partidos políticos, a esperar la sentencia. Expectativa y ansiedad pero certeza de que los represores seguirían presos, animó a la vigilia.

En calle y en el recinto —en el que estuvieron autoridades como la vicegobernadora Griselda Tessio o el ministro de Justicia, Héctor Superti, familiares, querellantes, abogados y acusados— estalló un aplauso a las 19.30, cuando el conjuez López Arango culminó la lectura de la sentencia luego de tres meses de juicio y a siete años del primer requerimiento de instrucción.

“Oé, oé, oé, oá, como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”, fue el cántico que se extendió desde la sala a la calle, mezclados con abrazos y lágrimas de las víctimas, sus familiares y militantes de derechos humanos que, emocionados, consideraron histórica la jornada.

La causa Brusa (como se la llamó por su acusado más notorio, el primer civil juzgado y condenado) es un megaexpediente por el que se puso en el banquillo a responsables, no a todos, de numerosos delitos durante la represión ilegal que ayer el tribunal consideró que formaron parte de un plan sistemático orquestado por la dictadura que gobernó entre 1976 y 1983.

Superti. “Esto forma parte, como si fuera el eslabón de una cadena, de todo este proceso que se está llevando adelante en el país y que ahora ya está avanzando en la provincia, donde la memoria supera al olvido y la justicia supera a la impunidad”, dijo el ministro Superti luego de las sentencias.

Luego consideró que los imputados “tuvieron derecho a un debido proceso, el que no tuvieron las víctimas, que en lugar de una sala de audiencias tuvieron una sala de torturas”.

Además, el ministro consideró que “desde el punto de vista institucional se trata de un fallo pionero en la provincia”.

La secretaria de Derechos Humanos, Rosa Acosta, calificó a la sentencia como histórica. “La impunidad tuvo su primera derrota; la Justicia permite recuperar la dignidad a las víctimas y a toda la sociedad”, aseguró.

El tribunal rechazó los planteos de prescripción penal e inconstitucionalidad formulados por las defensas de Aebi, Brusa, Ramos y Facino e hizo lugar a la aplicación de la garantía constitucional del non bis in idem formulado por la defensa técnica de Ramos en relación al delito de privación ilegal de la libertad y tormentos cometidos el 22 de noviembre de 1977 contra José Schulman por lo que lo sobreseyó por esa imputación.

El Tribunal Oral Federal declaró la nulidad parcial de la imputación de privación ilegal de la libertad en perjuicio de Vilma Gómez por haberse aceptado el principio de congruencia a favor de Aebi y la sobreseyó en este caso y no hizo lugar a la pretensión de condena por genocidio formulada por los letrados de Schulman por no haber sido motivo de imputación penal.

Uno por uno. El tribunal declaró a Brusa “autor penalmente responsable del delito de apremios ilegales en perjuicio de Ana María Cámara, Estella Maris Vallejo, Anatilde Bugna, Alva Sánchez, Daniel García, José Schulman, Marino Millán y Roberto Cepeda, en concurso real, hechos cometidos en el marco de un plan sistemático y generalizado de represión total del Estado considerándose delito de lesa de humanidad e imponiendo la pena de 21 años de prisión e inhabilitación especial por el máximo legal para ejercer cargos públicos, accesorias legales y costas”.

A Perizotti: “Coautor penalmente responsable de privación ilegítima de libertad agravada por violencia y amenazas en perjuicio de Anatilde Bugna, Carlos Pacheco, Ana María Cámara, Patricia Traba y Patricia Isassa, en concurso real e imposición de tormentos contra esas personas, cometidos en el marco de un plan sistemático (...) e imponiendo en tal carácter la pena de 22 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas”.

A Aebi: “Coautora penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de libertad agravada por violencia y amenazas en perjuicio de Anatilde Bugna, Estela Vallejo, Ana María Cámara, Patricia Traba y Patricia Isassa, en concurso real e imposición de tormentos, hechos cometidos en el marco de un plan sistemático (...) e imponiendo en tal carácter la pena de 19 años de prisión e inhabilitación especial por el máximo legal para ejercer cargos públicos, accesorias legales y costas”.

A Facino: “Coautor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de libertad agravada por violencia y amenazas en perjuicio de Patricia Isassa, José Schulman y Eduardo Almada, e imposición de tormentos a Isassa, hechos cometidos en el marco de un plan sistemático (...) e imponiendo en tal carácter la pena de 20 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas”.

A Colombini y a Ramos les aplicó 23 años e inhabilitación absoluta y perpetua a cada uno tras declararlos coautores penalmente responsables de los delitos de privación ilegal de libertad agravada por violencia y amenazas en perjuicio de Anatilde Bugna, Ana María Cámara, Vilma Gómez, Daniel García, Alba Sánchez, y Mariano Millán” en el caso del primero y por los mismos delitos al segundo “en perjuicio de Anatilde Bugna, Ana María Cámara, Patricia Isassa, José Schulman y Estela Vallejos”.