Política

Dictan falta de mérito a De Vido por la compra del gas licuado

La Cámara Federal no pudo probar el ilícito por sobreprecio, estimado en 7 mil millones de dólares. Críticas al perito que trabajó en el caso

Viernes 09 de Marzo de 2018

La Sala II de la Cámara Federal dictó ayer la falta de mérito en la causa por supuestas irregularidades en la compra de gas licuado para el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Coordinación de esa cartera Roberto Baratta, quien recuperará su libertad en las próximas horas.

La decisión la adoptó el tribunal con los votos de los jueces Jorge Ballestero y Martín Irurzun, mientras que Leopoldo Bruglia, se expresó en disidencia.

Mientras Baratta será liberado, De Vido continuará detenido porque tiene prisión preventiva en otra causa que investiga presuntos hechos de corrupción en la mina de Río Turbio.

Con esta decisión, la Cámara revocó el fallo de primera instancia del juez federal Claudio Bonadio, quien había procesado a los ex funcionarios tras un peritaje que estableció que se aprobaron compras, entre 2008 y 2015, con sobreprecios de unos 7.000 millones de dólares.

Importación

La compra de gas líquido era a través de Enarsa y el fluido era regasificado en las plantas de Ingeniero White, en la zona de Bahía Blanca. Los ex funcionarios están acusados de haber participado en una "maniobra defraudatoria en el marco de la importación de gas natural licuado desde 2008 a 2015 por parte del Ministerio de Planificación Federal".

A través de la misma, "se generó un perjuicio económico a las arcas del Estado" de aproximadamente 6.995 millones de dólares, "pues el precio por el que se abonó fue superior a los valores de mercado", sostuvo Bonadio en primera instancia.

Sin embargo, ahora la Cámara le pidió profundizar la investigación y cuestionó el peritaje que realizó el experto David Cohen.

"Comparó el precio del gas natural en estado gaseoso, seco —tal como fluye por los circuitos instalados en Estados Unidos, o sea, el Henry Hub—, con el del gas en su estado líquido, el único que, al ser transportado por buques, puede ser importado hasta estas latitudes" y "si bien su composición puede ser la misma, su diferente estado y la incidencia de los procesos para arribar a él, determina que no pueda existir comparación posible", señaló en su voto Ballestero.

También dijo que comparó los precios del gas licuado una vez efectuada las compras con aquel período temporal en que la materia llegó a la Argentina y señaló: "La compra de un producto de por sí costoso, de alto riesgo, de vital significación y de importante demanda, para cuya adquisición se requiere de la evaluación de diferentes variables".

Copias

"Por un lado, varias defensas demostraron ante el tribunal —luego de una minuciosa exploración del mundo virtual— que muchos de los pasajes del informe de David Cohen eran copia literal de diferentes documentos obtenidos de internet, y no me refiero con ello a sitios web de revistas especializadas que la comunidad científica consulta y que atesora con mezquindad. Me refiero a páginas de libre acceso y consulta, dirigidas al público en general, con el rigor académico que ello supone", explicó Ballestero.

El voto al que adhirió Martín Irurzun concluyó en la falta de mérito para De Vido, Baratta, Daniel Cameron, Roberto Nicolás y José Dromi, Exequiel Espinosa, Walter Fagyas, Jorge Samarín, Jorge O'Donnell, Alexis Zuliani, Rodolfo Luchetta, Stella Maris Babilani, Juan José Carbajales, José Granero, Gastón Ghioni, Nilda Minutti, Tamara Pérez Balda, Fernando Salim, Roberto Vázquez, Alejandra Tagle, Mónica Bisconti, Karina González, Flavia García, Martín Busti y Haydeé Fernández,.

Disidencia

Por su parte, Bruglia sostuvo que se acreditó "la existencia del perjuicio para el erario público provocado por la administración fraudulenta llevada a cabo —con distintos roles— por los imputados en autos, desconociéndose el destino que se le dio a fondos no registrados".

"Sin perjuicio de no contar por el momento con una pericia idónea que demuestre el menoscabo concreto al erario público, lo cierto es que el informe referenciado demuestra que se ha generado un detrimento económico, el cual se encuentra determinado por la observación referida al progresivo aumento de los precios de los cargamentos, a pesar de que los valores de mercado se hubieren mantenido estables e incluso disminuyeron", agregó.

En 2014 se inició la causa con el requerimiento del fiscal Carlos Stornelli para investigar " presuntas irregularidades en la adquisición de gas licuado natural entre el año 2008 y la actualidad".

En total, fueron tres las denuncias hechas: dos de un abogado particular y otra de Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Laura Alonso.

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