Unos 20 efectivos de la División Antidrogas de la Policía Federal, delegación Rosario, realizaron esta mañana un allanamiento en la ciudad de San Jorge, en el que detuvo a un empresario investigado por su vinculación al proceso judicial conocido como "causa de los cuadernos de las coimas".
La investigación, que lleva adelante el juez federal Claudio Bonadío y está caratulada como "Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ asociación ilícita", extendió su alcance al departamento San Martín, donde fue detenido el empresario Pablo M. R., de 40 años, quien fue mencionado por el excontador de la familia Kirchner Víctor Manzanares, cuando declaró bajo la figura de "arrepentido".
El procedimiento policial se llevó a cabo la vivienda ubicado en Pueyrredón al 1600, en barrio Zugla, donde vive el empresario investigado por maniobras de lavado de dinero. Al allanamiento, se sumaron otros nueve operativos ordenados en la ciudad de Buenos Aires y en el sur del país.
La familia materna del empresario es oriunda de San Jorge, donde residieron hasta fines de los 90. Movilizados por necesidades económicas emigraron a Río Gallegos, Santa Cruz, donde, según trascendidos, la familia habría trabado relación con el círculo de Néstor Kirchner, cuando el expresidente gobernaba la provincia austral.
El empresario volvió a San Jorge, donde se radicó junto a su familia. Si bien su progreso económico era evidente sus vecinos no supieron precisar cuál es su actividad. "Hablan de que se dedica a realizar inversiones inmobiliarias. En su perfil de Facebook dice que compra, vende y recicla inmuebles", aseguran en el barrio, mientras cuentan que "tienen un buen pasar, no se fijan en gastos. El y su familia son muy educados, agradables y buenos vecinos".
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La causa que investiga a la expresidenta Cristina Fernández es una derivación de una investigación por irregularidades en la compras de gas natural licuado. Fue iniciada en el fuero penal federal en los primeros meses de 2018 a partir de unas supuestas anotaciones vinculadas a presuntos sobornos que se supone realizó Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, funcionario del Ministerio de Planifiación Federal, en ocho cuadernos que fueron fotocopiados por periodistas del diario La Nación y devueltos al exchofer. Esos documentos fueron entregados al juzgado de Bonadío.
La causa tomó estado público el 1° de agosto, meses después de comenzada, con una serie de allanamientos, detenciones y citaciones a declaración indagatoria dispuestos respecto de exfuncionarios públicos y empresarios contratistas del Estado.
En los días siguientes el juez fue tomando declaración a los imputados así como a otras personas que comparecieron espontáneamente y ordenando otras medidas de prueba que incluyeron allanamientos de domicilio; algunos de los imputados obtuvieron, a su pedido, que se les concediera el estatus de imputado arrepentido.
Por Hernán Cabrera
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