Desaparecidos: aceptan como prueba una nómina de víctimas presentada por un testigo

Una lista armada por los represores donde consta que la suerte de 195 víctimas de la dictadura fue la “disposición final” —o sea la muerte— quedó incorporada oficialmente como prueba contra el ex jefe jerarca del Ejército Luciano Menéndez y otros cuatro imputados que son juzgados por crímenes de lesa humanidad en Tucumán.

Así lo resolvieron los miembros del Tribunal Oral Federal de Tucumán, Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y José Curi, al aceptar como prueba documental el listado entregado por un testigo cuando declaró.

Según la resolución, “el artículo 388 del Código Procesal Penal prevé que si en el curso del proceso se tuviera conocimiento de nuevos medios de prueba manifiestamente útiles, el tribunal podrá ordenar su recepción”, se informó en Tribunales.

La defensa se había opuesto a aceptar ese material a esa altura del proceso, pero el TOF se respaldó en “jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” en busca de “un adecuado equilibrio entre la justicia y la seguridad jurídica” y sin afectar “derecho constitucional alguno”.

Desde el 16 de febrero pasado el TOF está juzgando a Menéndez junto a Roberto Albornoz, Carlos Esteban De Cándido, Armando Luis De Cándido y María Elena Guerra.

El ex gobernador Antonio Domingo Bussi había comenzado a ser juzgado pero en abril pasado, por recomendación del cuerpo médico forense, fue apartado del proceso por problemas de salud.

Esta semana fue a declarar al juicio Juan Carlos Clemente, alias “Perro”, ex militante de la Juventud Peronista en Tucumán que estuvo detenido en la Jefatura de Policía de la provincial durante la dictadura, donde ocurrieron los crímenes por los que Menéndez y el resto están siendo investigados.

Al declarar en el juicio oral, Clemente, quien pasó de prisionero político a empleado policial, contó cómo fueron sus días en cautiverio y la desaparición de su esposa. Y reveló que robó documentación de la oficina administrativa del Servicio de Información Confidencial (SIC) de la Policía, que comandaba el comisario Roberto “Tuerto” Albornoz, uno de los cuatro imputados en este juicio.

Ante la sorpresa de todos, Clemente extrajo nueve hojas de esos documentos que tuvo escondidos durante 30 años y allí podían leerse los nombres de 293 personas.
Junto a 195 aparecían las iniciales “D.F.” (disposición final); a la par de otros 88 nombres se leía “Libertad” y en tan sólo 10 casos se indicaba “Disp. PEN”, abreviatura de “A disposición del Poder Ejecutivo nacional”.