Política

Declaran la emergencia de seguridad, que contempla el derribo de aviones

El objetivo es "revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico". Autorizan a convocar a personal retirado de fuerzas de seguridad.

Miércoles 20 de Enero de 2016

El gobierno declaró la emergencia de seguridad pública en todo el territorio de la Argentina por el término de un año, que contempla el uso de la fuerza contra naves hostiles. El decreto autoriza a convocar a personal retirado de las fuerzas de seguridad.

El objetivo es "revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico".

El texto del decreto sostiene, entre otras cosas, "que la problemática del narcotráfico no sólo afecta a la salud y la seguridad ciudadana, sino que importa una violación a la soberanía nacional en tanto se trata de un crimen cuya naturaleza es claramente transnacional". Ante "tales circunstancias", el gobierno consideró que la situación amerita "adoptar las medidas que permitan extremar el uso de los recursos del Estado".

Entre otras medidas, el decreto firmado prevé la implementación de "un fuerte control del espacio aéreo", que estará a cargo de los Ministerios de Seguridad, de Defensa y de Transporte.

También autoriza, sin pasar por el Congreso, la "adquisición del material indispensable para incrementar la vigilancia de la frontera fluvial, los puertos y los espacios marítimos de jurisdicción nacional".

La declaración de emergencia ya había sido anticipada en diciembre, durante el encuentro del Consejo de Seguridad Interior. En ese contexto, representantes de las carteras de Seguridad de todas las provincias consideraron necesario que se disponga esa medida.

El decreto tiene una vigencia de 365 días, pero puede se prorrogado al finalizar ese plazo.

Algunas de las medidas que establece el decreto son:

• La aprobación de reglas de protección Aeroespacial, cuya autoridad de aplicación serán las FFAA. Estas reglas podrán utilizarse en todo "el sector de defensa aeroespacial del territorio de la República Argentina. Las medidas comprendidas están "orientadas a identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza (como último recurso) a vectores incursores en el espacio aéreo Argentino". En ese sentido, define como vector hostil a todo "medio/s aéreo/s, tripulado/s o no tripulado/s que por sus características, en el marco de la situación y exigencias de la misión, implica/n una probabilidad de daño o peligro a los intereses vitales de la Nación".

"Una vez realizado el procedimiento de identificación y establecida la comunicación", se autoriza emitir una advertencia a la aeronave interceptada para que abandone el sector de defensa aeroespacial del territorio de la República Argentina, que adopte actitud que se ordene o directamente o directamente a compeler al aterrizaje.

• Establecer un fuerte control del espacio aéreo: el gobierno deja a cargo de los Ministerios de Seguridad, de Defensa y de Transporte la tarea de reforzar los mecanismos de seguridad en todos los medios de transporte aéreos.

• La adquisición del material indispensable para incrementar la vigilancia de la frontera fluvial, los puertos y los espacios marítimos de jurisdicción nacional.

• Autoriza al Ministerio de Seguridad a convocar personal retirado de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria. "En ningún caso podrá reintegrarse al servicio personal retirado que haya sido condenado en causas vinculadas con delitos de lesa humanidad, que se encuentre procesado penalmente, o que haya pasado a retiro obligatorio por razones disciplinarias", aclara el decreto.

• En el marco de la emergencia, determinan una actuación conjunta de las jurisdicciones locales y federal. Entre otras cosas, se establece que las provincias y la ciudad de Buenos Aires "enviarán sus respectivas estadísticas criminales actualizadas al Ministerio de Seguridad, mientras que aquella información relativa a denuncias, investigaciones y hechos flagrantes vinculados al tráfico de estupefacientes" deberán ser enviadas al Registro único de Análisis de Narcotráfico (RUAN), creado por el ex Ministerio del Interior.

• Crea el Gabinete de Seguridad Humana, que tendrá a su cargo coordinar las tareas de las diferentes carteras en lo atinente a la Emergencia.

• El Ministerio de Seguridad propone al Poder Judicial celebrar un convenio "con el fin de interconectar el sistema información de la Justicia Nacional con el Sistema Federal de Comunicación Policiales, y además tendrá que establecer con la Administración Federal de Ingresos Públicos los estándares y la normativa de seguridad de las zonas primarias aduaneras".

• Crea el "Operativo Fronteras", que reemplaza al "Escudo Norte" con carácter permanente, y dota de dispositivos materiales, técnicos y tecnológicos a la Zona de Frontera, entre otros elementos, una radarización para el "eficiente control" fronterizo. En ese sentido, el decreto señala que el "Operativo Escudo Norte ha dado a la fecha los resultados esperados".

La medida abarca diversos delitos

La finalidad del decreto es “luchar contra el narcotráfico y otros delitos graves”. Entre otros, la producción, tráfico y comercialización de estupefacientes; contrabando de armas y de estupefacientes; los relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada, o con una asociación ilícita terrorista o con fines políticos o raciales, de fraude contra la administración pública. También consigna la prostitución de menores y la pornografía infantil.

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