El ex ministro de Planificación y ex diputado nacional Julio De Vido recibió ayer una nueva denuncia, esta vez por "supuestas negociaciones incompatibles con el desempeño de sus funciones", confirmaron fuentes judiciales.
El ex ministro de Planificación y ex diputado nacional Julio De Vido recibió ayer una nueva denuncia, esta vez por "supuestas negociaciones incompatibles con el desempeño de sus funciones", confirmaron fuentes judiciales.
La denuncia, que incluye a la esposa de De Vido, Alejandra Minnicelli, quedó radicada ante el juez federal Claudio Bonadio, fue presentada por el presidente honorario de la Asociación Civil Anticorrupción, el abogado Ricardo Monner Sans, quien pidió que se investigue si De Vido "armó con su cónyuge una relación económica con manejo de dinero público".
El letrado dijo que Minnicelli "habría prestado servicios a empresas estatales involucradas en la jurisdicción de su esposo", cuando era ministro de Planificación.
De Vido está preso desde noviembre último luego de su desafuero por disposición del juez federal Luis Rodríguez, quien lo investiga por presunta malversación de fondos públicos en el Yacimiento Carbonífero Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz.
La denuncia de Monner Sans consignó que "por acción del ex ministro", la empresa Nucleoeléctrica Argentina (Nasa) "habría sido una de las importantes beneficiarias de subsidios del Estado nacional.
Agregó que el presidente de Nucleoeléctrica Argentina, José Antúnez, "financió un libro de De Vido "con el título "Néstor y Cristina Kirchner: planificación y federalismo en acción".
De Vido, quien acumula varias causas penales y procesamientos en su contra, está actualmente juzgado en juicio oral y público por la tragedia ferroviaria de Once, de 2012, que causó 51 muertes.
En el marco de ese complejo panorama, De Vido sumó ayer otra citación a indagatoria como sospechoso de otro fraude: Bonadio lo citó a declarar el próximo 23 de mayo para que responda por la compra con sobreprecios de un costoso equipo de captura digital de movimientos para películas que adquirió la Universidad de San Martín (Unsam) con fondos del Ministerio de Planificación.
El juez citó además a Domingo Simonetta y Norma Trinchitella (de la empresa Sistemas de Video Comunicación), a Horacio Pérez y Martín Ramírez (de la firma Urban Baires), al ex rector de la Unsam Carlos Ruta, al director de las obras realizadas Raúl Peroni, y al ex funcionario Luis Vitullo, del consejo asesor del Sistema de Televisión Terrestre.
El juez consideró que "se habría infligido un importante perjuicio económico al erario" y describió que el dinero para las compras fue proporcionado "por el entonces Ministerio de Planificación, que los transfirió a la Unsam a través de un convenio para la implementación del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Tecnologías y Contenidos Audiovisuales Digitales".
El ministro de Economía, Pablo Olivares, afirmó que el 70% del personal no perdió poder adquisitivo en el primer trimestre. "El desfasaje no sé de dónde lo sacaron", sostuvo
Por Facundo Borrego
Por Nicolás Maggi
Por Hernán Cabrera
Por Javier Felcaro
Por Facundo Borrego
Por Matías Petisce