Buenos Aires.- Daniel Reposo decidió retirar su candidatura al cargo de Procurador General de la Nación, tras la dura resistencia manifestada por la oposición parlamentaria.

La renuncia de Reposo fue leída por el vocero presidencial Alfredo Scoccimarro en Casa de Gobierno.

El portavoz leyó cuatro cartas enviadas por el actual titular de la Sindicatura General de la Nación a la presidenta Cristina Fernández; al jefe de bancada del Frente para la Victoria del Senado, Miguel Angel Pichetto; al de la UCR, Luis Naidenoff, y al vicepresidente Amado Boudou.

La presidenta decidió proponer en su lugar a Alejandra Magdalena Gils Carbó, de 54 años, egresada de la UBA y con una Maestría en Economía Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Scoccimarro anunció en la Casa de Gobierno a la nueva candidata luego de señalar la declinación de Reposo a su postulación.

La propuesta de Gils Carbó como Procuradora General de la Nación se hará oficial el lunes cuando sea publicada en el Boletín Oficial, precisó Scoccimarro.

Antes de ser fiscal General, Gils Carbó se desempeñó como prosecretaria letrada de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y como secretaria del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial 8.

Según consta en el curriculum vitae que distribuyó prensa de Presidencia, Gils Carbó ejerció la abogacía en forma privada de 1982 a 1987, es decir, en la primera etapa de su carrera profesional.

Es autora del libro “Régimen legal de las bases de datos y Habeas Data”, publicado en 2001 y colaboró en los libros “Manual para fortalecimiento de Consejos Directivos de Organizaciones sin fines de lucro” y “Los Derechos Humanos en la Jurisprudencia de la Corte”.

Como docente, la postulante a jefe de fiscales fue adjunta de la cátedra “Derecho Comercial I” de Helio Guerrero, en el período 1987-1989 y fue profesora en la Universidad de Belgrano en la cátedra “Papeles de Comercio y Ejecuciones Colectivas”, entre 1991 y 1999, entre otros cargos académicos.

Gils Carbó deberá someterse ahora al período de impugnaciones y a la audiencia pública que fijará el Senado una vez que la postulación se oficialice a la que deberá prestar acuerdo la Cámara Alta del Parlamento. (DyN y Télam)