Política

Cuatro ministros de la Corte cambiaron su criterio sobre el control de los fiscales

En 2010 rechazaron que las facultades disciplinarias estuvieran en manos de un poder distinto del Judicial. Ahora votaron que es constitucional que lo tenga exclusivamente la Legislatura

Miércoles 30 de Junio de 2021

Los cuatro ministros de la Corte Suprema de la provincia que ayer avalaron que la Legislatura tenga el control disciplinario sobre los fiscales votaron ahora en forma opuesta a cuando lo hicieron hace diez años sobre la misma materia. Entonces consideraron que las atribuciones disciplinarias de órganos del Poder Judicial no podían estar en manos de otro poder del Estado. Ayer esa determinación, en el máximo tribunal integrado por los mismos miembros, quedó refutada. La Corte pareció apartarse de su propia doctrina.

Lo que está en discusión es la constitucionalidad de una ley sancionada por la Legislatura santafesina en la que ésta se otorgó las facultades disciplinarias sobre los fiscales de primera instancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Esto implica que los legisladores pueden de manera excluyente investigar sus eventuales faltas graves y decidir sanciones que incluyen la remoción.

Este asunto fue ampliamente contrariado por el MPA y por distintos fiscales a los que se aplicaron procedimientos disciplinarios por faltas. Lo que señalaban es que tal cosa supone un recorte inadmisible a la autonomía e independencia de las investigaciones del MPA que evite que estas acciones queden subordinadas a controles parlamentarios, porque puede implicar presiones, como ya ha ocurrido, sobre los fiscales que emprendan pesquisas sobre delitos de actores con influencia o poder político.

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En agosto de 2010 la Corte Suprema de Santa Fe se pronunció declarando constitucionales las leyes que creaban el MPA y el Servicio de Defensa Pública frente a un pedido en contrario del ex procurador de la Corte Agustín Bassó. Entonces se discutieron precisamente las facultades disciplinarias del MPA. Ocurre que la Constitución provincial otorga la potestad sobre las faltas de todos los órganos de la esfera del Poder Judicial a la Corte Suprema.

Cuatro ministros de la Corte que ahora votaron por la constitucionalidad de que la Legislatura tenga las facultades disciplinarias lo hicieron entonces de forma antagónica. Dos de ellos, Roberto Falistocco y María Angélica Gastaldi, se pronunciaron en favor de ceder esa facultad del máximo tribunal provincial al MPA y al Servicio de Defensa, en aras de la autonomía que deben tener esos órganos según la Constitución Nacional reformada en 1994.

En tanto que otros dos ministros, que entonces votaron a favor del recurso planteado por Bassó, señalaron directamente que la Corte no debía ceder la potestad disciplinaria al MPA y a la Defensa Pública. Ese fue el criterio de Rafael Gutiérrez y Eduardo Spuler.

Estos dos ministros entendieron entonces que la Constitución de Santa Fe imponía a la Corte Suprema ejercer la superintendencia general de la administración de Justicia y que ponía en sus manos la competencia disciplinaria. Lo que implicaba que esa potestad no podía quedar fuera de la decisión del máximo tribunal ya que la Constitución provincial no preveía que esa titularidad pudiera ser delegada.

En principio no parece que haya reconciliación posible entre los criterios que estos cuatro ministros adoptaron cuando se discutió el planteo del caso conocido como Bassó con el que motivó el pronunciamiento de ahora, que se conoce como Spelta, que se refiere al pedido de inconstitucionalidad planteado por el fiscal de la Unidad de Homicidios Adrián Spelta, que está siendo sometido a un proceso disciplinario bajo control legislativo, algo que este funcionario calificó de inconstitucional.

Falistocco y Gastaldi, que avalaron hace diez años la ley de autonomía del MPA y de su régimen disciplinario, estuvieron entonces de acuerdo con que la Corte Suprema se autolimitara en cuantos a sus facultades de supervisión de las faltas de los fiscales, por considerar que eso correspondía a la exigencia de la Constitución Nacional sobre la necesaria independencia y autonomía funcional del MPA.

La ley 13.013 que creó el MPA preveía un sistema colegiado para el juzgamiento de las faltas de los fiscales a la manera de un juicio oral. Las faltas serían evaluadas por un tribunal disciplinario integrado por un fiscal regional y un abogado de otra jurisdicción del fiscal acusado, un senador y un diputado. En la secuencia de leyes que desde 2017 modificaron aquella norma se prevé que todo el control, tanto de investigación y remoción, lo detente exclusivamente la Legislatura.

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El domingo pasado la Asociación de Fiscales de Rosario emitió un comunicado donde atribuyó a la Legislatura haber cambiado esa ley que ahora encuentra en forma dividida aval constitucional de la Corte Suprema para mellar la capacidad de investigar de los fiscales. La Asociación recordó que tal camino se inició cuando recayó en fiscales rosarinos una denuncia contra cuatro senadores en actividad y uno con mandato cumplido por delitos económicos presuntos.

¿Por qué se apartó el máximo tribunal de la provincia de su propia doctrina? Ninguno de los votos de 2010 de los ministros Gutiérrez, Spuler, Falistocco y Gastaldi dejó entonces abierta la posibilidad de que una nueva ley pudiera atribuir facultades disciplinarias de los fiscales a un poder del Estado distinto del Judicial. Ahora consideraron constitucional que esa atribución quede excluyentemente en manos de los diputados y senadores de la provincia. Si hubieran votado como en el precedente Bassó, para Falistocco y Gastaldi el control de las faltas de los fiscales debía mantenerlo el MPA. Si hubieran hecho lo mismo Gutiérrez y Spuler, debería concentrarlo la Corte Suprema. Pero nunca, en los cuatro casos, solo la Legislatura.

Incluso Falistocco, actualmente presidente de la Corte Suprema, señaló que ninguna provincia que haya adecuado su sistema de juzgamiento penal a la Constitución Nacional mantiene un régimen disciplinario en cabeza del Poder Legislativo.

El procurador de la Corte Jorge Barraguirre dictaminó en contra de la constitucionalidad de la ley que otorga a los legisladores el régimen disciplinario. En la misma dirección se pronunciaron, en minoría, los ministros de la Corte Daniel Erbetta y Mario Netri.

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