La presidenta Cristina Fernández ordenó ayer “evacuar” la Fragata Libertad, retenida en Ghana por una demanda de fondos buitre, y enviar al canciller Héctor Timerman a Nueva York para iniciar gestiones ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
La presidenta Cristina Fernández ordenó ayer “evacuar” la Fragata Libertad, retenida en Ghana por una demanda de fondos buitre, y enviar al canciller Héctor Timerman a Nueva York para iniciar gestiones ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
El anuncio lo hizo Timerman desde la Casa Rosada, en el cual señaló que la justicia de Ghana dio a la Argentina “como única respuesta” a su pedido de liberación del buque que “se contemple la posibilidad de llegar a un acuerdo con el fondo buitre” que presentó la demanda, lo que el canciller calificó de “inaceptable”.
“Queda claro que la intención del juez de obligar a un país soberano a negociar con una entidad dedicada a la piratería financiera desde su guarida fiscal en el Caribe. Esa opción es la única inaceptable para Argentina. Ni el juez, ni los fondos buitre, ni sus socios argentinos lograrán torcer la decisión de un pueblo y su gobierno de rechazar las extorsiones”, indicó Timerman.
El funcionario se reunirá mañana con el titular del Consejo de Seguridad de la ONU, organismo al que Argentina acaba de ingresar como miembro no permanente, “así como con todas aquellas comisiones que tratan las violaciones a los derechos humanos, los tratados internacionales y los delitos financieros”, informó.
Mientras tanto, se evacuará “en forma inmediata a toda la tripulación argentina y no argentina para preservar su integridad, dejando a bordo al capitán y a una dotación mínima” necesaria para atender a la fragata mientras permanezca detenida en el puerto.
“Argentina hace responsable al gobierno ghanés de todo y cada uno de los daños que sufra la nave hasta su liberación y de todos los perjuicios ocasionados por un acto ilegal y violatorio de las normas internacionales”, dice el comunicado.
Acompañado por el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, el canciller indicó que el fallo de la Justicia ghanesa que ordena la detención de la fragata “no sólo es violatorio de los tratados internacionales que obliga a Ghana a garantizar la inmunidad de los buques de guerra, sino que además ha colocado en riesgo los derechos humanos de los 326 tripulantes a bordo, entre ellos ciudadanos de Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Sudáfrica”.
Por Gonzalo Santamaría