Política

Cristina Kirchner va a juicio oral por la causa de los cuadernos

Lo resolvió ayer el juez Bonadio. La acusa de ser jefa de una asociación ilícita. La investigación se basó en las anotaciones del chofer Oscar Centeno.

Sábado 21 de Septiembre de 2019

El juez federal Claudio Bonadio envió ayer a juicio oral y público a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al diputado nacional Julio De Vido y a otro medio centenar de imputados en la causa que investiga los denominados cuadernos de la corrupción y dos expedientes derivados de esa pesquisa.

Así lo dispuso a través de una resolución difundida ayer al mediodía, en la que, además, insistió con su pedido de desafuero de la senadora y actual candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, "con el fin de cumplir con la prisión preventiva" dispuesta en este expediente y confirmada en segunda instancia.

De esta forma, el magistrado resolvió la finalización de la etapa de instrucción de este expediente que ahora será enviado al Tribunal Oral Federal (TOF) 7 que salió designado por sorteo para llevar adelante el debate que tendrá en el banquillo de los acusados a medio centenar de imputados, entre ex funcionarios y empresarios.

Se trata de la investigación de la denominada causa de los cuadernos de la corrupción, que comenzó con la revelación de anotaciones escritas por Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, sindicado como presunto "intermediario" entre el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y empresarios, durante el kirchnerismo.

En el mismo fallo, Bonadio dispuso el sobreseimiento de los dirigentes políticos que están o estuvieron vinculados a la organización La Cámpora, como Máximo Kirchner, Eduardo Wado De Pedro, Andrés Cuervo Larroque, José Ottavis y Julián Alvarez en relación con el delito de asociación ilícita (ver aparte).

El juez Bonadio señaló en su resolución que en la causa de los Cuadernos se investigó una "asociación ilícita que desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del año 2003 hasta noviembre del año 2015, y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional".

El magistrado también elevó a juicio el tramo de la causa en el que se investigan maniobras de supuesto lavado de dinero protagonizadas por el fallecido ex secretario presidencial Daniel Muñóz y su entorno y el segmento del expediente en el que se investigan irregularidades en el otorgamiento de subsidios a empresas vinculadas con el transporte ferroviario.

Entre las personas que deberán sentarse en el banquillo de los acusados por este expediente y dos de sus derivaciones, se cuentan el propio Baratta, hoy detenido, al igual que De Vido, como así también el ex secretario de Obras Públicas José López.

En el tramo principal de la causa de los cuadernos, la ex presidenta está procesada con prisión preventiva —aunque con esta última medida sin cumplir por gozar de fueros parlamentarios— como presunta responsable de los delitos de asociación ilícita, "en calidad de jefa", y cohecho pasivo, en calidad de coautora.

De acuerdo al fallo de 157 páginas emitido ayer por Bonadio, debajo de la ex presidenta en la pirámide organizacional de la asociación ilícita se encontraban De Vido y Baratta, a quienes les fue asignado el rol de organizadores y a los que también se acusa por cohecho pasivo.

Entre los sindicados como organizadores de la asociación ilícita se encuentra el arrepentido ex titular de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner y el arrepentido financista Ernesto Clarens, quien aportó listados de las supuestas coimas recibidas de manos de empresarios.

La mayoría de los empresarios elevados a juicio fueron acusados de los delitos de cohecho activo, aunque uno de ellos figura en la resolución de Bonadio como miembro de la supuesta asociación ilícita: se trata de Gerardo Ferreyra quien se encuentra bajo prisión preventiva domiciliaria mientras aguarda que la Cámara Federal porteña resuelva su planteo de excarcelación.

Entre los empresarios acusados por el supuesto pago de coimas están Enrique Pescarmona, Aldo Benito Roggio, Eduardo Hugo Eurnekian, Alberto Taselli, Alejandro Pedro Ivanissevich y Hugo Dragnetti y Angelo Calcaterra, entre otros.

Por otra parte, entre los sobreseídos de todos los cargos se encuentra el ex secretario general de la Presidencia durante el kirchnerismo Oscar Parrilli, quien había sido acusado de recibir dinero ilegal de manos de Baratta, por aparecer en las anotaciones de Centeno.

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